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La Comisión Plena Primera del Congreso aprobó anoche, en primer debate, un proyecto de ley que indemniza con ¢163 millones a 35 empleados de los muelles de Limón.
Los beneficiados son 21 operadores de la grúa puente y 14 de las grúas portacontenedores.
Los recursos compensan a esos trabajadores que dejaron de percibir el pago de horas extra desde noviembre pasado, debido a una recomendación hecha a Japdeva por la Contraloría General de la República.
Los empleados alegaron que la reducción afecta sus ingresos y, por ello, amenazaron con iniciar una huelga, el mes pasado.
Ricardo Toledo, ministro de la Presidencia, negoció con los representantes gremiales agilizar el trámite de la la iniciativa, a cambio de la suspensión del movimiento.
Trámite ágil
Ya en la Asamblea Legislativa, el proyecto fue dispensado de los todos los procedimientos parlamentarios (espera, publicación en La Gaceta y dictamen de comisión).
El martes fue “sacado” del puesto 63 del orden del día y enviado a la Comisión Plena Primera, foro en el cual hay cuatro legisladores que representan a la provincia de Limón.
Si la propuesta no era aprobada, los gremios limonenses amenazaron nuevamente con ir a huelga.
La iniciativa recibió anoche el respaldo de 12 de los 17 diputados presentes (las comisiones plenas son integradas por 19 congresistas).
Lo apoyaron los socialcristianos Édgar Mohs, Federico Vargas, Olman Vargas, Carmen Gamboa y Ligia Zúñiga. También los liberacionistas Julián Watson, María Elena Núñez, Marielos Víquez y Carlos R. Benavides.
Asimismo, Edwin Patterson, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Avendaño, del Partido Renovación Costarricense, y José Francisco Salas, independiente.
En contra lo hicieron Humberto Arce y Quírico Jiménez, del Bloque Patriótico; Marta Zamora, del PAC; el verdiblanco José Miguel Corrales y el libertario Federico Malavassi.
Antes de la votación, los congresistas rechazaron dos mociones: una que pretendía escuchar el criterio del Ministro de Trabajo y otra para recabar la versión del contralor general, Luis Fernando Vargas.
Mientras tanto, la ratificación en segundo debate del plan quedaría pendiente pues anoche legisladores de todos los partidos se comprometieron a firmar una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.
El libertario Federico Malavassi sostuvo que el pago no es legal y crea una desigualdad laboral.
