El gobernador de San José, José Luis Pereira, amenazó con cerrar al menos ocho casinos de la provincia que explotan máquinas de juego electrónicas sin contar con la autorización correspondiente.
Tras dar a conocer el resultado de una inspección efectuada por su despacho hace 10 días, Pereira informó de que está notificando a los representantes de los casinos sobre las irregularidades, tal y como lo ordena la ley. Y, si después de 24 horas de haber enviado una segunda advertencia no eliminan los aparatos, se verán obligados a clausurar los locales.
Precisamente el miércoles pasado, agentes del Ministerio de Seguridad Pública cerraron las instalaciones del Casino Caesar's Palacio, del hotel Royal Dutch --en la avenida segunda-- en el que funcionaban 150 tragamonedas, presuntamente en forma irregular. En conferencia de prensa, el presidente de la firma, el estadounidense Richard Multon, se quejó de la acción policial y anunció que ya emprendió acciones legales contra la Gobernación.
Desde agosto de 1922, fecha en que se aprobó la Ley de Juegos (reformada en noviembre de 1951), en nuestro país no están permitidos los juegos de azar. Así lo establece el artículo 1 de esa ley, que dice: "Son prohibidos todos los juegos en que la pérdida o la ganancia dependa de la suerte o del acaso y no de la habilidad o destreza del jugador."
¿Destreza o suerte?
De acuerdo con datos suministrados por la Gobernación de San José, en la capital todavía funcionan cerca de 151 máquinas electrónicas, de las cuales 126 no están autorizadas. Los permisos para la explotación de las 25 máquinas restantes, fueron otorgados por la gobernación de la administración anterior, tras considerar que combinan la "suerte con la habilidad". Esto lo confirmó a La Nación el gobernador de entonces, Roberto Giralt.
Giralt admitió que no se consultó ningún criterio técnico para determinar el tipo de aparatos que se estaban autorizando porque "aquí nadie conoce de eso". La decisión, según explicó, se tomó tras una exhibición de los importadores de los equipos.
El 10 de junio de 1994, el Consejo de Gobernadores vigente decidió suspender las autorizaciones para la explotación de cualquier tipo de máquinas en los casinos de los hoteles, mientras se gestionaba la contratación --aún pendiente-- de especialistas en la materia que las clasificaran.
Los permisos otorgados antes de junio de 1994, según la ley, deben respetarse como derechos adquiridos.
Negocio joven
En Costa Rica existen tres empresas extranjeras que importan máquinas tragamonedas o electrónicas desde 1993, año en el que la Gobernación empezó a aprobar los permisos. Ninguno de los representantes de las empresas o casinos consultados accedieron a informar cuál es la ganancia promedio que generan este tipo de juegos.
Una de las firmas más fuertes es Degrede de San José S.A. (que opera con permisos a nombre de Shikari S.A.), de la cual es presidente el estadounidense Michael Deleón, quien no reside en el país. Su representante legal en Costa Rica, Ricardo Guardia, informó de que la firma arrienda cerca de 150 aparatos electrónicos en varios casinos de hoteles del país.
Precisamente, fue Degrede quien suministró las 150 máquinas que fueron decomisadas por la policía en el Casino Ceasar's Palacio el miércoles pasado.
Además de Degrede, también ofrecen los servicios de arrendamiento las empresas Diversión Extra de Quebec S.A., propiedad del canadiense Charles Bergeron, y la firma Infinity Group, cuyos representantes no fue posible localizar. No obstante, algunos casinos como los de los hoteles Herradura, Aurola Holiday Inn y Colonial, cuentan con sus propias máquinas.