
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, calificó de inexplicable que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no haya aprobado la condonación de una deuda a su cantón, pese a que la Asamblea Legislativa aprobó una ley que permite dicha condonación y que ya fue sancionada. Advirtió de que la falta de acción por parte de AyA podría derivar en un aumento abrupto en las tarifas de agua para los cartagineses.
De acuerdo con sus estimaciones, el eventual cobro de la deuda podría traducirse en incrementos de entre un 300%, 400% y hasta un 500% en las tarifas.
Redondo señaló que la aprobación de la condonación se ha postergado por más de lo necesario, aun cuando la normativa ya se encuentra vigente. Según indicó, la deuda fue planteada hace 11 meses por AyA y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y supera los ¢16.377 millones.
Según el alcalde, un aumento de tarifas sería inmanejable para muchas familias, el comercio y la economía del cantón, lo que calificó como una medida injusta e irrazonable.
Ante este escenario, Redondo anunció que convocará a las fuerzas vivas de Cartago para exigir al AyA y a la Aresep una solución favorable para la población. También, hizo un llamado a la ciudadanía a organizarse y manifestarse frente a lo que considera un “abuso” que afectaría directamente el bolsillo de los cartagineses y la economía local.
En julio pasado, el Congreso aprobó una ley para condonar la deuda de las Municipalidades de Cartago y Paraíso con el AyA, por el suministro de agua cruda.
La condonación se refiere a la deuda principal y los intereses por el suministro del agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes para la planta potabilizadora ubicada en Cartago, que administra y opera la Municipalidad de Cartago.
El AyA intentó cortar el suministro a los pobladores, mientras se resolvía la deuda. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que esto no era posible.
AyA se pronuncia
Sobre lo dicho por el alcalde cartaginés, el AyA aseguró que aborda el asunto con mucha responsabilidad y rigor técnico, siempre pensando en proteger el interés público y a las personas usuarias.
“Actualmente, la condonación de la deuda se encuentra en un proceso de análisis integral, donde se revisan criterios técnicos, legales, financieros y operativos, para asegurar que cualquier decisión sea sólida, transparente y conforme al marco jurídico vigente”, indicó la institución.
Acueductos también argumentó que su Junta Directiva se encuentra incompleta en este momento, “lo que legalmente impide la toma de acuerdos de fondo”.
“Paralelamente, se están realizando las gestiones necesarias para integrar a las personas que hacen falta, con el objetivo de restablecer el funcionamiento pleno del órgano y poder avanzar en la resolución de este tema en el menor plazo posible”, continuó.
Sobre las tarifas, argumentó que “los gobiernos locales cuentan con la potestad de definir sus propias tarifas, siempre considerando la tarifa de venta de agua en bloque, que es regulada por la Aresep”.
