EscucharEntre el ir y venir del Año Nuevo, el Poder Judicial registró la bienvenida de un hijo más: el nuevo Código Procesal Penal, que ya está en vigencia y tiene en constante agitación a las diferentes dependencias involucradas en el cambio.
Así, tan solo en los tres primeros días de 1998, el remozado y reforzado Ministerio Público debió atender más de 90 denuncias, las que ahora significan, en la mayoría de los casos, la movilización de un fiscal, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, en los casos más graves, del juez de garantía. Ellos brindan servicio las 24 horas seguidas.
Para el fiscal general de la República, Carlos Arias Núñez, hasta el momento han enfrentado el cambio con mucho optimismo y alta dedicación pues los fiscales están presentes en sus trabajos incluso desde el 1º de enero.
Por otra parte, desde hoy y hasta el próximo viernes se llevará a cabo el traslado de los expedientes de los diferentes casos, ya sea a la Fiscalía, si se deben readecuar al nuevo Código, o a los Juzgados Penales, si estos continúan con el cuerpo legal anterior pues desaparecieron los juzgados de instrucción.
Para solventar las dudas sobre la ubicación de los expendientes, ante disposición de la Corte Plena, el director ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones, implementó un área de consultas, por lo que usted puede acudir a partir de hoy a la secretaría de los juzgados penales y tribunales, situada en el mezzanine del edificio de los tribunales.
¿Adónde ir?
La vigencia del nuevo Código trae consigo una reestructuración total del sistema judicial penal. Según Arias, ahora las denuncias deberán interponerse ante la oficina única de recepción que el Ministerio Público mantiene abierta las 24 horas y que está ubicada en el primer piso del edificio del OIJ.
En caso de que haya personas detenidas, la policía acudirá a la oficina de turno extraordinario en el primer piso del edificio del Segundo Circuito Judicial, en Montelimar de Goicoechea.
Bajo el nuevo sistema, los fiscales asumen el papel protagónico de las investigaciones, se deben desplazar a los sitios donde ocurren los hechos; indagan, recopilan datos y deciden si acusan o no.
Ante el evidente incremento de trabajo, la Corte Suprema de Justicia decidió aumentar en 90 el número de estas plazas, por lo cual, según confirmó el Fiscal General, en total llegan ahora a 218 en todo el país. "Sin embargo, yo creo que vamos a necesitar más fiscales, y así lo hemos detectado en los tres primeros días de trabajo. Aunque lo han enfrentado de gran manera, creo que habrá que reforzar el personal", señaló Carlos Arias.
Pero el proceso va más allá, y en una etapa siguiente, intermedia, un juez deberá escuchar al fiscal, a la víctima y al acusado. El decidirá si ordena ir a juicio, los lleva a conciliación, desestima o sobresee.
En caso de llegar a un juicio oral, acusado y víctima se enfrentan públicamente; el tribunal recibe los testimonios y las pruebas, delibera y dicta sentencia.
