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Exfuncionarios de la administración de Rafael Angel Calderón atribuyeron a entrabamientos burocráticos el retraso de año y medio que sufrió el trámite del acuerdo de cese de funciones del diplomático honorario Luigi Ardino.
Errores en los procedimientos administrativos habrían sido la causa de que la destitución de Ardino --italiano preso en Costa Rica desde el 24 de octubre-- recibiera la firma del entonces presidente Rafael Angel Calderón el 23 de julio de 1993. El acuerdo había sido redactado desde el 12 de diciembre de 1991.
El canciller de la administración Calderón, Bernd Niehaus, y el secretario del Consejo de Gobierno en el período 1990-1994, Fernando Castro, lo expresaron así a La Nación por escrito. El vicecanciller de ese Gobierno, Hernán Castro, expresó el mismo criterio al ser entrevistado personalmente.
El exmandatario Rafael Angel Calderón rechazó enfáticamente que él haya sido el responsable de tal atraso, pues "un acuerdo de destitución pasa por varias manos" tanto en la Cancillería como en la Casa Presidencial, antes de ser firmado por el gobernante. (Véase Foro de La Nación).
Un estudio de la Cancillería del caso de Luigi Ardino, número 3454-93-DGSE, reportó que "con fecha 12 de diciembre de 1991 se confeccionó el acuerdo de cese del Sr. Ardino, que fue recibido en Casa Presidencial el 22 de enero de 1992 en Leyes y Decretos. Este acuerdo nunca fue firmado por el señor Presidente".
El informe lo envió el director del Servicio Exterior, Edgar García Miranda, como un memorando a Niehaus, el 16 de agosto de 1993.
La justicia italiana requiere a Ardino por el delito de asociación ilícita para evadir al fisco.
Trámite controversial
Las dudas acerca de la tardanza en el despido de Ardino y la posterior emisión de un segundo pasaporte para esa persona persistían ayer.
En noviembre de 1991 el exvicecanciller Castro ordenó el retiro del pasaporte diplomático de Ardino número 005104, emitido el 8 de agosto de 1990 y vigente por dos años.
Empero, Niehaus autorizó la emisión de un segundo pasaporte, número 006345, el 18 de diciembre de 1991 y con validez hasta el 8 de mayo de 1994, según consta en la departamento de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Seis días antes, el 12 de diciembre, la dirección del Servicio Exterior había redactado el acuerdo de cese de funciones del italiano.
"No habría ningún motivo para volver a emitirle un pasaporte (a Ardino). La orden fue terminante", declaró ayer Castro. García sostuvo que el departamento de Pasaportes funciona independientemente de la Dirección del Servicio Exterior, por lo cual no tuvo injerencia en la emisión del nuevo documento.
En el ámbito judicial, ayer el jefe del Ministerio Público, Carlos Arias Núñez, explicó por escrito a La Nación que se estudian toda la información existente acerca de Luigi Ardino pues el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales obliga a su representada a ejercer la acción penal pública de oficio y actuarán en este caso si determinan que existe fundamento para ello.
Sin embargo, Arias no respondió cuando se le consultó acerca de la participación del embajador en Italia, Rubén Hernández, quien realizó gestiones como abogado en favor de Ardino aún cuando ya estaba designado como diplomático.
