EscucharLos asociados de la Cooperativa Matadero Nacional Montecillos (Coopemontecillos) acordaron cobrar dos pagarés, entre los cuales se encuentra uno por poco más de $1 millón (unos ¢340 millones) suscrito a su favor, hace cinco años, por el entonces precandidato presidencial Miguel Ángel Rodríguez.
Rodríguez firmó el pagaré como fiador de la empresa Ganadera Industrial S.A (GISA), de la cual era accionista mayoritario. El documento forma parte de las operaciones de la compañía Fomento Ganadero S.A. (Fogasa), en la que tanto GISA como Coopemontecillos eran socias.
El acuerdo con los asociados se dio el 16 de setiembre, un mes después de que la cooperativa aceptó pagar una deuda de Fogasa con BICSA (Banco Internacional de Costa Rica) en la cual Coopemontecillos era fiadora. Antes de aceptar, la cooperativa fue objeto de millonarios embargos que la pusieron en apuros.
Los asociados concedieron al consejo administrativo de la cooperativa un plazo máximo de seis meses para "negociar el cobro" de los dos pagarés y advirtieron que "en el caso de no llegar a un arreglo, se deberá proceder al cobro de las mismas por la vía legal correspondiente".
En varias oportunidades se intentó conocer la reacción del presidente Rodríguez sobre el acuerdo de cobro; sin embargo, remitió todas las consultas a su asesor de prensa, Agustín Castro.
Castro admitió la existencia del pagaré, por $1.077.633; empero, advirtió que Rodríguez no ha recibido ninguna noticia sobre el acuerdo y adelantó que, en caso de darse una gestión de cobro, habría que estudiar si se cumplen las condiciones para ejecutarlo.
"Habría que ver si es una deuda o no, la operación tiene una serie de requisitos y existe una instancia en nuestro ordenamiento jurídico para determinar si esos requisitos se cumplen o no", dijo.
El otro pagaré, por $158.133 (unos ¢50 millones), fue suscrito a favor de Coopemontecillos por la firma Empacadora Costarricense de la Carne (ECCSA), tercera socia de Fogasa.
Tomás Batalla, socio de ECCSA, adujo no recordar el pagaré suscrito a su nombre por uno de sus hijos.
Unión de esfuerzos
Fogasa fue creada en 1995 por las tres compañías procesadoras de carne (ECCSA, GISA y Coopemontecillos), con el objetivo de fusionar sus exportaciones y reducir sus costos de operación, en medio de una drástica disminución de los precios internacionales de la carne.
El 20 de noviembre de 1995, la nueva compañía suscribió créditos por $10,3 millones ¢3.265 millones al tipo de cambio actual con un grupo de bancos privados y por $3,7 (¢1.172 millones) con BICSA, con el objetivo de cubrir parte de las deudas que arrastraban cada uno de sus socios y capitalizar la nueva empresa.
Las firmas offshore (radicadas fuera del país) de los tres bancos privados (Banco del Comercio, Banco Interfin y Banco BCT) se constituyeron como acreedores en un fideicomiso suscrito con Fogasa, cuya administración se encomendó a BCT.
Cada uno de los socios de Fogasa aportó una planta procesadora de carne (valorada en $4 millones, unos ¢1.268 millones) como garantía de la operación con los bancos privados. Y como BICSA no quiso entrar en ese sindicato bancario, la operación en ese banco se respaldó con las fianzas solidarias de cada uno de los socios de la nueva empresa ganadera.
Mediante arreglos entre ellos, los tres socios de Fogasa avalaron proporcionalmente la deuda con los bancos privados, pero ante BICSA, Montecillos asumió la mayor parte tras firmar una fianza por casi $2,5 millones de los $3,7 millones que se debían. ECCSA respaldó poco más de $1 millón y GISA $165.000.
Los socios de Fogasa respondieron de esa manera ante los bancos porque esos montos correspondían a deudas que cada uno de ellos tenía pendientes en BICSA, pero internamente hicieron arreglos para compensar las responsabilidades, según consta en las actas de la cooperativa.
Como parte de esas negociaciones, y con el fin de compensar a Coopemontecillos por esas diferencias, GISA y ECCSA otorgaron a su favor los pagarés que ahora se pretenden cobrar.
Deudas pendientes
Luego de casi tres años de operaciones, Fogasa dejó de trabajar en agosto de 1998, tras acumular pérdidas millonarias causadas, principalmente, por la disminución internacional de los precios de la carne.
Cuando Fogasa dejó de pagar sus deudas, el banco BCT liquidó las plantas procesadoras para pagarle a los acreedores y BICSA, por su parte, inició un proceso legal para cobrar las fianzas.
GISA había pagado su saldo ($143.000, unos ¢45 millones) al sustituir una fianza personal de Miguel Ángel Rodríguez por un aval del Banco Interfin, pero el resto estaba pendiente.
Durante el proceso judicial de BICSA contra Coopemontecillos y ECCSA, seguido en el juzgado segundo civil de San José, la cooperativa argumentó entre otras cosas- que el saldo debían asumirlo todos los socios proporcionalmente y pidió que se estudiara el caso de Fogasa desde sus inicios.
BICSA sostuvo que los negocios internos de los socios no interesaban al banco e insistió en ejecutar los pagarés que garantizaban la operación.
Así, a principios del 2000, el juzgado embargó las cuentas de Coopemontecillos en los bancos, sus certificados de abono tributario (CAT) y una cuenta por cobrar de uno de sus principales clientes, Price Smart.
Las medidas, según la defensa de la cooperativa, casi llevan al cierre de operaciones a la compañía y la obligaron a aceptar un arreglo con BICSA. En agosto, la cooperativa asumió como deudora los $2,4 millones (unos ¢761 millones), en una nueva operación de crédito. Los intereses se disputarán en un arbitraje.
Polémico documento
Tanto el pagaré firmado por Rodríguez como el de ECCSA tienen una leyenda en la que se aclara que "solo podrá ser cobrado por la cooperativa si esta paga a BICSA, en razón de su fianza, una suma en exceso de la tercera parte de la deuda".
De acuerdo con el presidente de Coopemontecillos, Lanfranco Tretti, esa cláusula les impidió cobrar los pagarés a sus antiguos socios durante los años anteriores, pues la cooperativa no había aceptado la deuda con BICSA.
Esa limitación generó cuestionamientos entre muchos de los 3.000 asociados de la cooperativa por la forma en que los antiguos jerarcas de la empresa diseñaron el negocio.
Gerardo Rudín, actual presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) era el gerente de Coopemontecillos cuando se realizó el negocio y el empresario Gonzalo Ramírez fungía como presidente. Consultados por este diario, ambos explicaron que todos los extremos de la participación en Fogasa se aprobaron en asamblea de asociados de la Cooperativa.
Ahora que Coopemontecillos asumió como deudor la operación de Fogasa en BICSA, los asociados de la cooperativa estiman que es tiempo de hacer efectivos los pagarés. Por eso tomaron el acuerdo de setiembre pasado para realizar el cobro.
Agustín Castro, que en el pasado fungió como periodista de Coopemontecillos, aclara que el cumplimiento de los requisitos debe demostrarse jurídicamente.
"Si ellos la cooperativa creen que tienen algún derecho, tienen los mecanismos legales pertinentes para demostrarlo. Ese pagaré fue parte de un proceso donde todos los documentos que se firmaron tienen unas determinadas condiciones y hay que ver si todas esas condiciones están dadas".
