EscucharWálter Brenes, abogado de la joven que denunció al alcalde de Garabito, Francisco González Madrigal, por presuntos abusos sexuales cuando ella era menor de edad, solicitará a la Fiscalía ampliar las medidas de protección en favor de su cliente, debido a un supuesto incumplimiento por parte del funcionario.
Según Wálter Brenes, representante legal de la ofendida, el alcalde González habría contactado a la denunciante mediante una tercera persona, con el propósito de intimidarla y convencerla de conciliar en el proceso penal en su contra, lo cual tenía prohibido.
El abogado argumentó que la exministra de Salud y actual funcionaria del Hospital México, Joselyn Chacón Madrigal, llamó a la denunciante con esa finalidad, luego de contactarla por redes sociales. La exministra tiene un hijo con el alcalde.
“La intenta disuadir, haciéndole creer que eventualmente podría enfrentar un proceso penal en su contra. Sin embargo, las pruebas son contundentes, hay cuatro delitos de violación”, afirmó el jurista.
El pasado 10 de marzo, tras la llamada telefónica, la joven acudió al Juzgado Contravencional de Garabito al considerar que se produjo una violación de las medidas de protección impuestas. De inmediato, el juez ordenó testimoniar las piezas ante el Ministerio Público para determinar si se cometió un delito de desobediencia a la autoridad. La audiencia aún está pendiente.
La denuncia contra el alcalde de Garabito, de 47 años, por presuntos abusos sexuales a una menor de edad, fue presentada el 14 de octubre del 2024 ante la Fiscalía de Garabito (se tramita bajo el expediente 24-000448-0645-PE).
La Nación contactó a González para conocer su opinión ante lo alegado por el abogado de la denunciante. No obstante, el número al que se le llamó no fue atendido. Se intentó localizarlo en la Municipalidad de Garabito, pero su secretaria dijo que no tenía disponibilidad en la agenda para atender las consultas y solicitó enviarlas al correo de la secretaría de la alcaldía. Al cierre de esta edición, González no remitió una respuesta.
Por su parte, Chacón negó cualquier tipo de intimidación. Por el contrario, adujo que fue la denunciante quien meses antes la intentó contactar por Instagram. “Entonces si tiene medidas de protección y de terceros relacionados al acusado, ¿por qué ella los busca?” Creo que debería llevar y respetar el debido proceso en ambas partes”, aseveró.
¿Cómo se dio el contacto?
El 6 de marzo anterior, un perfil de Facebook identificado con el nombre de “Max López” contactó a la denunciante a través de mensajes directos. De acuerdo con Wálter Brenes, esa persona la instaba a comunicarse con otra persona en común, para negociar un arreglo en el proceso penal.
Posteriormente, según el abogado de la denunciante, la joven recibió una llamada de Joselyn Chacón, quien la habría intentado “intimidar” para convencerla de llegar a un acuerdo, advirtiéndole que si proseguía con el caso, podría enfrentar querellas por difamación, injurias y calumnias.
La Nación tuvo acceso a la grabación de esa llamada telefónica —la cual fue presentada como prueba ante la Fiscalía—. Allí se escucha a la exministra hablar de un supuesto encuentro sexual entre dos mujeres y un hombre, el cual se describe en el expediente penal, y del cual la joven, según Chacón, tendría que aportar pruebas.
En el audio, Chacón le explica a la denunciante que, en una querella, “usted tiene que demostrar que eso fue real, sino solamente van a ser calumnias y eso también se paga con cárcel”.
Asimismo, asegura que, aunque González le ha “hecho cosas horribles”, su intención al comunicarse con la denunciante se debe a que ella es “pro-mujer” y debe advertirle de las posibles implicaciones legales de sus acusaciones.
Ante una consulta de este diario, Chacón no negó la conversación e insistió en que ella no se “prestaría para conciliar algo que solo en un juzgado se puede hacer”. Sí negó que González le hubiese pedido que contactara a la denunciante.
La exministra también dijo desconocer el contenido de la denuncia que enfrenta el alcalde de Garabito, de la cual se enteró de la situación por las publicaciones en la prensa; añadió que no ha sido notificada sobre el incumplimiento de las medidas de protección.
Wálter Brenes por su parte, manifestó su preocupación porque no es la primera vez que su cliente es contactada con el objetivo de que negocie un acuerdo. En otra ocasión, relató, un empresario de la zona, de apellido Barrantes, también lo hizo. Sin embargo, esta es la primera vez que documentan las intimidaciones.
Si bien los intentos de contacto buscan una conciliación económica, según Brenes, para la joven no se trata de un asunto monetario, sino de su dignidad. “Ella no negociará por dinero, sino que llevará el caso hasta las últimas consecuencias”, aseguró el jurista.
“Obviamente, hay una intimidación y una forma de quererla disuadir de forma directa para que no siga adelante con el proceso, en razón de que podría eventualmente haber consecuencias legales”, agregó.
Nuevas medidas de protección
El 18 de octubre del 2024, el Juzgado Contravencional de Garabito impuso medidas de protección en favor de la denunciante y en contra de González por un periodo de un año. Dichas disposiciones prohibían al alcalde “perturbar” a la víctima personal o por medio de terceros, ya sea mediante llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales u otros medios.
Ahora, el abogado Brenes solicitará que las medidas se amplíen a Chacón y al empresario Barrantes, las dos personas que habrían intentado contactar a su defendida. Además, pedirá que se incremente la advertencia contra González de dejar de intentar comunicarse con la denunciante y que la Fiscalía lo procese por el supuesto incumplimiento de las medidas de protección.
“Estamos esperando la nueva fecha para la solicitud de cambio de medidas, o bien, en su defecto, si existió el incumplimiento, que eso lo determinarán las autoridades”, concluyó el profesional.
El artículo 46 de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, establece que el incumplimiento de medidas impuestas por una autoridad judicial debe ser remitido a la Fiscalía para la apertura de una investigación por el delito correspondiente.
