EscucharEl Juzgado Penal de San José autorizó ayer la apertura del juicio por el supuesto desvío de más de ¢17.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), caso en el que están acusados por peculado tres exfuncionarios públicos y dos particulares.
Asimismo, ordenó ampliar en tres meses la prisión preventiva contra una de las acusadas, Marita López Cruz, quien ayer cumplió un año en la cárcel. Ella era presidenta de América Capitales Puesto de Bolsa, firma donde el fondo estatal hizo las inversiones, de las cuales no fue posible recuperar ¢1.237 millones.
El fiscal general de la República, Carlos Arias, confirmó ayer por la tarde el contenido de la resolución del Juzgado y se mostró satisfecho por la decisión de llevar a juicio lo ocurrido en el mayor fondo de asistencia social del país.
En este proceso se encuentran acusados, además de López, los exfuncionarios públicos Míriam Coto Gamboa, exdirectora de Fodesaf; Rodolfo Montero Pacheco, exsubdirector, y Víctor Vargas López, extesorero.
También, Orlando Solano Arroyo, representante de la firma Asesores Financieros de Occidente (Asfisa), propiedad de Marita López. A todos -excepto a Montero-, el Ministerio Público les atribuye 64 delitos de peculado continuado por las inversiones realizadas por el Fodesaf, entre enero de 1997 y mayo de 1998, en el puesto de bolsa, ya cerrado.
El artículo 352 del Código Penal establece que incurre en peculado el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Impone penas de tres a 12 años de prisión.
En el caso de los particulares, se les puede atribuir el delito de peculado por la figura de la "comunicabilidad de las circunstancias", señalada en el artículo 49 del Código.
El auto de apertura de juicio tiene como base una acusación presentada por el Ministerio Público, el 26 de marzo anterior.
Con esta decisión, el Juzgado da por aceptado el contenido de los cargos y estima que están dadas las condiciones para que se prosiga con el juicio; luego se dará audiencia a las partes para que se pronuncien y se procederá a la discusión y definición de la prueba, que será finalmente analizada durante el debate oral y público.
La acusación del Ministerio Público considera que toda la inversión del Fodesaf en el puesto de bolsa fue "ilegal" -pues fondos públicos no pueden ser invertidos en sociedades privadas-, y se hizo como parte de "un plan estructurado para sustraer los dineros".
La relación entre el Fodesaf y América Capitales comenzó el 3 de enero de 1997, día en el que Míriam Coto firmó con esa empresa el "Contrato de administración de cartera de operaciones del mercado electrónico de dinero (Omed)".
Arias dijo que el Juzgado Penal también accedió a una petición de la Fiscalía para que se declare el caso como de tramitación compleja, en virtud de la gran cantidad de prueba que debe ser procesada. Tal disposición permite al Ministerio Público disponer de más tiempo para las pesquisas.
Trato con Fiscalía
La misma resolución del Juzgado -dijo Arias- avaló un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público y el extesorero Vargas López, en el que este admite los cargos y la Fiscalía se compromete a solicitar una condena menor aunque nunca por debajo de los diez años de prisión.
Además, Vargas López se comprometió a indemnizar al Estado con dos propiedades valoradas en ¢12 millones.
El Juzgado Penal dispuso también poner en libertad a Solano Arroyo. "Aunque nosotros nos opusimos, creemos que el resto de las medidas son justas", dijo Arias.
Todas las disposiciones del Juzgado Penal de San José se dieron tras concluir una audiencia preliminar efectuada en las salas de juicio del Primer Circuito Judicial de San José, a la que comparecieron los cinco acusados.
