EscucharHasta ahora, el 85 por ciento de las pruebas de ADN para verificar quién es el padre de un niño no reconocido, han dado positivo.
Así, solo en dos últimos meses, 419 bebés que nacieron el año pasado cambiaron su primer apellido y su progenitor se vio obligado a pagar pensión alimentaria.
Pero otro dato que arrojan esos exámenes también causa sorpresa: 15 por ciento de las madres que identificaron a un hombre como el padre de su bebé, erraron.
Esa cifra es alta, pues se considera que el promedio normal de error ronda el 10 por ciento.
Estos son los primeros resultados contundentes que genera la aplicación de Ley de Paternidad Responsable, en vigencia desde hace dos años, y la entrada en operación, el 10 de abril pasado, del único laboratorio acreditado por la ley para estudiar la coincidencia entre la sangre de madres, bebés y posibles padres.
Ese laboratorio es de la Caja de Seguro Social y está ubicado en San José. Al 10 de junio había recibido 1.432 solicitudes de examen. De esas, en 930 se presentaron las partes involucradas. Hasta el momento se han analizado 493 casos, en los cuales 419 resultaron positivos (85 por ciento) y 74 negativos, informó la microbióloga Erna Meléndez, encargada del laboratorio.
Los exámenes son gratuitos, aunque también se realizan en laboratorios privados (con un costo aproximado de ¢260.000 por las tres personas), en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en la Universidad de Costa Rica. Pero para que el resultado de estos últimos sea reconocido, debe recurrirse a la vía judicial.
Jorge Rojas, director del OIJ, declaró que la tendencia de casos positivos en las pruebas que ellos hacen oscila de 87 a 92 por ciento.
Se intentó conocer los resultados de la UCR, pero la única responsable del laboratorio se encuentra de vacaciones.
Ligia Martín, coordinadora del área de la Mujer en la Defensoría de los Habitantes, afirmó que el principal logro de la ley es la disminución del número de nacimientos sin padre declarado.
En el 2000 (cuando aún no estaba la ley) estos nacimientos representaron el 31,5 por ciento, mientras en el 2002 fue del 8,1.
No eran esperados
Suyein Ramírez, del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que el porcentaje normal de exclusiones (que no son padres) en los laboratorios que no son de la CCSS es del 10 por ciento o menos.
Según su opinión, ese 15 por ciento de casos erróneos que ahora se conoce en el laboratorio de la CCSS corresponde a exámenes que fueron solicitados cuando apenas arrancaba la ley.
“Al principio –según cree ella– había mucho desconocimiento por parte de la población y de los funcionarios. Quizá se le preguntaba a la mujer quién era el padre en un momento incómodo, o tal vez ella no sabía realmente cuál era el objetivo de dar el nombre del supuesto padre”.
En estos casos fallidos, ocurren dos cosas: primero, el hombre puede acudir a instancias judiciales para reclamar por el falso señalamiento, aunque no es sencillo porque debe demostrar que la mujer actuó de mala fe.
Lo segundo, es que la mujer que erró no tiene derecho a un nuevo examen con otro posible padre, salvo que recurra a la vía judicial para pedirlo.
Eso sí, el hombre que no se presente al examen cuando sea señalado como posible progenitor, automáticamente la ley lo asume como el papá y lo obliga al pago de la pensión. Y, aunque pague por ella, no tiene derecho a la patria potestad. Tiene que reclamarla.
