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La Municipalidad de San José instaló 42 cámaras distintos puntos del cantón, para vigilar e identificar a aquellas personas que contaminen los espacios públicos. La medida forma parte de un esfuerzo por reforzar el control ambiental y promover una ciudad más limpia.
Las imágenes transmitidas por los equipos tecnológicos son revisadas en tiempo real, por el personal del Centro de Monitoreo de la Policía Municipal, afirmó este martes el gobierno local.
El municipio capitalino identificó un total de 50 puntos críticos a lo largo del cantón. Los ocho faltantes serían cubiertos en el transcurso del año.
Diego Miranda, alcalde de San José, explicó que se va a efectuar una planificación para intervenir esos sitios clave y una vez que se logren avances para corregir los problemas de cada punto, se haría un traslado de las cámaras a otros lugares que actualmente no son monitoreados.
“Lo que se pretende es monitorear aquellos puntos en los que hemos tenido problemas, por ejemplo, de alta contaminación. Ya tenemos un registro de cuántos de esos focos de contaminación son creados por propios patentados o vecinos del cantón, y la idea es que las cámaras nos sirvan como una prueba para empezar a combatir lo que sucede en esos puntos específicos”, expresó.
Multas considerables por ensuciar
Además de las acciones de vigilancia, la Municipalidad de San José también cuenta con la posibilidad de emitir multas considerables a quienes descubra ensuciando la ciudad. El Concejo Municipal aprobó un reglamento, el pasado 18 de marzo, que establece sanciones que van desde los ¢136.212 y pueden llegar a superar ¢1 millón, según la gravedad de la falta que se cometa.
Las faltas graves se penalizan con ¢1.089.696. Este monto se tendrá que pagar por quemar o enterrar residuos sólidos, así como abandonarlos en la vía pública, sistemas de alcantarillado, cauces de agua o sus áreas protegidas. La sanción también aplicar para el vertido de desechos en propiedades privadas no autorizadas para ese fin.
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De igual manera, el reglamento establece como falta grave la compra, almacenamiento, recolección y tratamiento ilícito de residuos valorizables; es decir, aquellos que pueden ser reciclados, reutilizados o transformados. Asimismo, se considera infracción ofrecer, de manera ilegal o contraria a las normas municipales, servicios de recolección y disposición de desechos.
En cuanto a las faltas leves, que conllevan multas de entre ¢136.212 y ¢681.060, el reglamento castiga a quienes gestionen residuos ordinarios en condiciones que contravengan las normas municipales sobre recolección y disposición de desechos.
También se penaliza a quienes importen o distribuyan envases, recipientes o empaques de poliestireno expandido en comercios, así como a quienes no cumplan con la Ley para Combatir la Contaminación por Plástico y Proteger el Ambiente (Nº. 9786).
