Dieciocho organizaciones solicitaron a la Defensoría de los Habitantes revisar los contenidos del nuevo Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia, que sustituiría al Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, eliminado a solicitud de la ahora exministra Anna Katharina Müller.
En una carta abierta dirigida a la defensora Angie Cruickshank Lambert, los grupos piden analizar los contenidos del nuevo plan, que aún no han trascendido. De hecho, el curso lectivo comenzará este 5 de febrero sin que se conozca el programa sustituto.
Leonardo Sánchez Hernández, nuevo ministro de Educación, comentó que, como parte del proceso de análisis de la Comisión de Planes y Programas del Consejo Superior de Educación (CSE), el nuevo programa se transmitió a la Dirección de Desarrollo Curricular para que sea revisado por otras instancias técnicas del Ministerio.
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¿Qué dice la solicitud a la Defensoría?
Las instituciones tienen tres solicitudes para Cruickshank:
- Conocer la documentación que atesta al cumplimiento para efectos del nuevo programa, con el procedimiento administrativo establecido por el propio CSE para la incorporación de nuevos programas.
- Realizar un análisis técnico de la nueva propuesta de programa en cuanto a enfoques y contenidos, con el interés de comprobar que corresponde con los derechos de la niñez y adolescencia, el principio de interés superior y las obligaciones derivadas del marco convencional.
- Interponer los procedimientos legales y administrativos que correspondan en caso de que el análisis sobre los aspectos citados resulte negativo en sus hallazgos.
Las organizaciones basan sus solicitudes en dos hechos. El primero es la sustitución del programa anterior, que “ha sido formulado desde ese Ministerio, sin que se informe sobre el cumplimiento del procedimiento de revisión y consulta que el mismo CSE instituye para la incorporación de nuevos programas en el currículum”.
La segunda es que personal técnico del propio Ministerio, “de reconocida experiencia y con funciones relacionadas a la implementación del programa que se pretende suspender”, ha expresado públicamente su disenso técnico y ético en cuanto a la anulación del programa.
“(El programa) puede requerir, como todo, ajustes y mejoras según se avanza en su implementación, pero desde múltiples puntos de vista ha traído beneficios a la población destinataria, a sus familias y a la sociedad en general, como lo es la prevención del embarazo en la adolescencia y, también, a la identificación e intervención temprana de situaciones de violencia basada en género como lo es la ocurrencia de relaciones impropias en la vida de las adolescentes”, señala la misiva.
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¿Quiénes enviaron la carta a la Defensoría?
Diez de estas organizaciones, que redactan y firman la carta, conforman la Mesa por una Agenda Social para los cuidados de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica. Se trata de la Fundación Paniamor, Aldeas Infantiles SOS, Visión Mundial, el Colegio de Profesionales en Psicología, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Profesionales en Orientación, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la UCR (Pridena), el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR, y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA).
La carta fue suscrita por otras ocho instancias de la sociedad civil: Acceder, Nosotras Women Connecting, Soy Valentía, el Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual (Gafadis), el Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Cipac), TransVida, Colectiva por el Derecho a Decidir, y Detrás del Arcoiris.
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