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Tras muchos intentos para buscar una salida al colapso al que está expuesto el aeropuerto internacional Juan Santamaría, una firma estadounidense, contratada por la Dirección General de Aviación Civil concluyó, luego de dos años de estudios, que se requiere invertir $176 millones (unos ¢42.592 millones) en los próximos 12 años para que la obra resista hasta el año 2010, mientras se construye uno nuevo.
Después del minucioso análisis titulado Estudio de modernización y ampliación del aeropuerto internacional Juan Santamaría -financiado por la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA)- la empresa Tams Consultants Inc. recomendó, como solución de corto plazo, trasladar a manos privadas la administración y la construcción de infraestructura que requiere ese puerto aéreo.
Tanto el Gobierno como el sector privado avalan la idea, aunque Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión de Cámaras, y Carlos Federspiel, titular de la Cámara de Comercio, expresaron dudas en torno a la factibilidad legal de la medida.
Juan Francisco Montealegre, vicepresidente de la Cámara de Exportadores, y Mauricio Ventura, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, también respaldaron la idea, aunque este señaló que ya se han realizado muchos estudios y pese a que las autoridades reconocen que la solución urge, aún no se implementan las medidas.
Según Ventura, este estudio ofrece un plan estructurado, pero requiere el aval de la Contraloría General de la República, y ahí está la primera traba. Ayer, el subcontralor, Jorge Corrales, manifestó que desconocía el estado de este trámite en la entidad. Con el contralor, Luis Fernando Vargas, no fue posible conversar.
De acuerdo con los responsables del proyecto, este tiene 22 días de estar en estudio en aquella dependencia auxiliar de la Asamblea Legislativa.
Camino legal
El estudio propone una novedosa figura legal para poder realizar el traspaso. Se denomina "contrato de gestión interesada" que, según Claudio Donato, abogado del proyecto, es un contrato administrativo que le permite a la administración pública operar el aeropuerto y hacer las obras de infraestructura por medio de la contratación de un gestor experto en la materia. Aclaró que no se cede el patrimonio del Estado.
Hasta ahora hay cinco firmas interesadas en realizar esta tarea. Ellas son: AENA, de España; A.G.I, estadounidense -que se adjudicó recientemente la administración de los aeropuertos de Bolivia-; British Airport Autorities, responsable del aeropuerto estadounidense de Indianápolis; Schipol, de Holanda, la cual recibió la adjudicación del aeropuerto internacional Kennedy -de Nueva York- y Vancouver, de Canadá.
Entre las obras prioritarias que señala la firma TAMS -con amplia experiencia en el desarrollo mundial de aeropuertos- se encuentran la ampliación y modernización de la terminal de pasajeros y el asfaltado de la pista, entre otras. (Véase infográfico.)
El operador que realizaría la obra buscaría un banco y un socio financiero interesado en invertir en los trabajos. Las tarifas a los usuarios, de acuerdo con Mauricio Gutiérrez, coordinador del plan maestro, no resultarían muy afectadas, aunque sí las que se cobran a otros usuarios conexos (como aerolíneas); no obstante, el aumento en el costo "sería mínimo", puntualizó.
No soporta más
El ministro de Transportes, Rodolfo Silva, expresó que, ante los plazos tan cortos para resolver los problemas que se han acumulado, la complejidad fiscal del país y las dificultades de personal y trabajo de la Dirección General de Aviación Civil -que actualmente administra las instalaciones-, este esquema ofrece una alternativa importante.
Precisamente, los empresarios turísticos, basados en un estudio del sector realizado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), señalaron -el mes pasado- al aeropuerto como uno de los principales problemas que atraviesa el país en materia de competitividad internacional.
Según datos suministrados ayer, en una conferencia de prensa, el aeropuerto Juan Santamaría es el que tiene más tráfico o actividad comercial en todo el istmo (incluido Panamá). En 1995, por ejemplo, estas instalaciones soportaron el paso de casi millón y medio de personas y para 2010 se prevé que la cantidad de pasajeros internacionales se duplicaría y llegaría a 3.958.000 personas. (Véase cuadro aparte.)
Sin embargo, la firma advierte que si no se ejecuta un programa de modernización y ampliación, algunas aerolíneas podrían dejar de volar a Costa Rica y grupos empresariales podrían echar atrás en sus planes de invertir debido a los problemas que enfrentan para el adeacuado acceso de sus productos.
