Quince estaciones de servicio de combustibles, ubicadas en diferentes partes del país, no cumplieron con entregar el certificado de calidad del último cuatrimestre del 2001 que pide la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Dicho documento, explicó Xinia Herrera, directora de audiencias, garantiza que los surtidores venden la cantidad exacta de combustible por el monto cobrado y que los tanques de almacenamiento no tienen residuos de agua u otra partícula que dañe el vehículo.
Según un comunicado de la Autoridad, en la última parte del 2001 se revisaron 305 estaciones, de las cuales 290 presentaron los certificados y 15 no lo hicieron.
De las 15 que no presentaron el certificado en el último cuatrimestre, seis tampoco lo presentaron durante todo el año 2001. Ellas son: Servicentro El Pacífico, El Carmen, la estación Gabell, La Fila, El Ceibo y Don Rafael.
Herrera explicó que a las empresas que no cumplieron solo en el último cuatrimestre la Autoridad Reguladora les hará una prevención para que arreglen su situación y las que no lo hicieron durante todo el año se remiten al Ministerio del Ambiente y Energía el cual podría no entregarles la concesión en caso de no tenerla o quitársela a las que la tienen.
La Nación intentó obtener el criterio de la mayor parte de las estaciones, pero algunas no tenían número telefónico registrado y en otras no se encontraba el dueño.
Versión de empresas
José Ortega, uno de los propietarios de la estación de servicio Gabell, explicó que en su caso la construcción de la intersección que se hizo en la antigua rotonda de Guadalupe le cerró el paso a su negocio.
Esto le ocasionó pérdidas de las cuales ahora se recupera y los recursos no le alcanzan para pagar los certificados.
Las estaciones, explicó Ortega, deben destinar 23 céntimos por cada litro que venden a contratar a los especialistas que hagan el estudio para obtener el certificado que pide Aresep.
La Autoridad, añadió Herrera, se encarga de verificar los certificados por medio de inspecciones que hace la Universidad de Costa Rica y la Oficina Nacional de Normas y Medidas del Ministerio de Economía.
Otro empresario, Rafael Fonseca, de Servicentro Fonseca Hnos., admitió que no cumplieron.