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El dolor, el ahogo y las incomodidades que genera una enfermedad terminal son el pan de cada día para 1.500 niños en todo el país.
Ellos no tienen acceso a los servicios de cuidados paliativos, fundamentales para aliviar las molestias físicas y apoyar a sus familias en las crisis psicológicas, sociales y económicas que esas enfermedades generan.
La Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños apenas tiene capacidad para ver a 500 menores al año.
Y aunque se tiene toda la intención de ampliar la cobertura y mejorar el servicio, los recursos son insuficientes, dijo Lisbeth Quesada, directora de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, mediante la cual se da soporte a la clínica.
Ahora hay un inconveniente adicional: la plata que gira el Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), proveniente de un impuesto a la lotería instantánea, tuvo un recorte de un 34 por ciento este año.
De los ¢234 millones originalmente presupuestados para repartir entre 10 unidades de cuidados paliativos solo se recibirán ¢154 millones.
La disminución se debe a que esa lotería no circuló en enero, febrero y marzo pasados.
Ello porque la Junta de Protección Social de San José (JPS) tuvo que iniciar un nuevo proceso de licitación para garantizar la seguridad del producto, el cual está por adjudicarse, explicó su gerente, Luis Polinaris.
El gerente de la JPS dijo que se compró un “colchón” de raspaditas para los próximos cuatro meses, con el fin de enfrentar eventuales apelaciones.
La disminución dejará sin la mitad de lo presupuestado por ese concepto (es decir, ¢15 millones) a cada una de las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos.
En el caso del Hospital Nacional de Niños, la Fundación reaccionó con una “miniteletón” para recoger fondos.
En dificultades
Carlos Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Cuidados Paliativos, confirmó que ya hay varios grupos en problemas serios por ese recorte imprevisto.
Si no fuera por la Clínica de Cuidado Paliativo y el apoyo de la Fundación, Sara Jiménez y su hija, Sara Isabel, de 13 años, estarían en verdaderos aprietos.
Por eso, doña Sara lamenta esos problemas económicos.
“Lo que la Fundación me ha dado en equipo para ayudar a mi hija supera el millón. Si yo lo hubiera tenido que alquilar, hubiera tenido que pagar ¢760.000 al año de mi bolsillo. ¿De dónde sacaría yo la plata?”, expresó la madre.
