Los guatemaltecos viven en un clima de zozobra y a merced del crimen organizado que incluso obligó a la familia del presidente de la República, Alfonso Portillo, a abandonar el país por razones de seguridad.
Portillo confirmó el martes que su madre, una hermana, su cuñado y dos sobrinos abandonaron Guatemala el pasado domingo por temor a posibles represalias de la banda de secuestradores Los Pasaco.
Dos integrantes de este grupo criminal, Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerraté, serán ejecutados el próximo 29 de junio, una vez que Portillo les negó el indulto presidencial el pasado 30 de noviembre.
Uno de los principales cabecillas de la banda, Elver Gabriel García Alvarado, se fugó de la prisión el 10 de enero pasado y es quien supuestamente puede estar planeando el secuestro de un familiar del Presidente para canjearlo por uno de los sentenciados a muerte (Vea nota aparte).
La salida de la familia del gobernante guatemalteco ha suscitado críticas y preocupación entre dirigentes humanitarios y de organizaciones populares, que consideran la medida como un mal presagio que influirá en el ánimo de los administradores de justicia.
Según el procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, ello demuestra la psicosis de violencia que vive el país, mientras que el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (Minugua), Juan Corlazzoli, opinó que ese tipo de situaciones podría dañar la imagen de Guatemala (vea nota con críticas).
Ni la salida del ejército a las calles desde el pasado sábado para apoyar a las fuerzas de seguridad civil ha logrado reducir los índices de criminalidad en este país centroamericano.
En las primeras horas del martes se perpetró una matanza de ocho miembros de una misma familia, entre ellos dos menores de edad, en la provincia oriental de Jalapa.
Aunque se habla de inseguridad, ni las autoridades pertinentes ni la prensa local tienen cifras sobre el número de asaltos o asesinatos que ocurren en Guatemala.