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El pedido de extradición de los líderes paramilitares por parte de Estados Unidos supone una tensión para el plan de paz con los grupos de ultraderecha, al punto que Bogotá dijo que examinará el tema con Washington.
El tema reflotó luego de que el martes el gobierno del presidente, Álvaro Uribe, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acordaran la disolución de ese grupo antes del 31 diciembre del 2005.
Estados Unidos solicitó en setiembre del 2002 la extradición por narcotráfico de los jefes político y militar de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes el pasado 7 de julio pidieron congelar esos pedidos para facilitar el plan de paz.
Pero Washington advirtió que aunque apoya el diálogo, e incluso financiará la desmovilización, no suspenderá las solicitudes por considerar que Castaño, Mancuso y otros jefes paramilitares son “criminales bajo la ley” norteamericana y que frente a eso “no hay flexibilidades”.
Sobre este punto, que algunos comentaristas consideran un escollo para el proceso de paz, Uribe aseguró ayer que su gobierno examinará el asunto directamente con Estados Unidos.
“Ese tema hay que analizarlo a la luz de la Constitución y con la comunidad internacional, también con los Estados Unidos”, dijo el mandatario, quien señaló que Washington tiene “un derecho legítimo de pedir las extradiciones” de paramilitares.
“Este es un proceso que tiene que ser ajustado a las leyes. Todo eso se va a ver”, aseveró el presidente Álvaro Uribe, al referirse también a la posibilidad de que los miembros de las AUC sean beneficiados con indultos o amnistías frente a los crímenes que se les imputan.
