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Río de Janeiro, Brasil. DPA Representantes de familiares de las víctimas de la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 exhortaron el presidente Luiz Inacio Lula da Silva a no renunciar al proyecto de instalar una “Comisión de la Verdad”, para investigar las torturas y asesinatos practicados en esa época.
La decisión del gobierno, anunciada el 21 de diciembre, generó una crisis en los sectores castrenses y, según la prensa, llevó al ministro de Defensa, Nelson Jobim, y a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas a presentar pedidos de renuncia, que no fueron aceptados por el mandatario.
Según los informes periodísticos, Lula prometió buscar una salida política para la crisis.
La posibilidad de que el gobierno renuncie a investigar e identificar a los responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura generó temor e indignación entre juristas y familiares de presos y desaparecidos políticos.
“Es lamentable que, en nombre de una supuesta gobernabilidad, el gobierno de marcha atrás así”, expresó la presidenta del Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, Cecilia Coimbra, en declaraciones al diario O Globo .
El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Cézar Britto, criticó las presiones castrenses para cambiar el proyecto: “Un país que se acobarda ante su propia historia no puede ser tomado en serio. Amnistía no es amnesia”.
La Comisión Nacional de la Verdad buscaría identificar a los responsables de las torturas a casi 20.000 personas y del asesinato de unos 400 opositores políticos durante el período autoritario.
Los militares se oponen porque conllevaría anular los efectos de la Ley de Amnistía, de 1979, dictada por el último régimen militar.
