EscucharManagua . El vicepresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, aseguró ayer que la recién aprobada ley de la propiedad legalizó la "piñata" sandinista, como se llama al reparto indebido de bienes durante el régimen de la década pasada.
Bolaños, uno de los afectados con la confiscación de propiedades que hizo el Gobierno sandinista (1979-1990), manifestó su rechazo a la ley por considerar que fue aprobada, el pasado 26 de noviembre, en forma apresurada y sin tomar en cuenta el contenido.
"No urgía concretar un acuerdo que traslada a nosotros la responsabilidad histórica de la legalización de la piñata", consideró Bolaños, quien inicialmente presidió el equipo negociador gubernamental para resolver el conflicto de la propiedad y fue retirado sutilmente de su puesto.
La posición del Vicepresidente fue publicada en un extenso escrito enviado a los medios de comunicación, en el que hace referencia cronológica a las negociaciones emprendidas con el FSLN después de asumir el gobierno el pasado 10 de enero.
Bolaños insistió en que la delegación gubernamental cometió un grave error al no analizar las consecuencias de la ley, pero que dijo que no pedirá al presidente Arnoldo Alemán que la vete.
El funcionario estimó que como el derecho a la propiedad es imprescriptible, en un futuro podría emitirse otra ley que modifique la recién aprobada.
Bolaños, quien aún reclama le sean devueltas las propiedades agrícolas que le fueron confiscadas por el régimen sandinista, aseguró respaldar a Alemán en "sus aciertos y errores que nacen de honestas intenciones".
Por el contrario, el presidente de la Corporación Nicaragüense de Administración Pública (CORNAP), Rosendo Díaz, cercano colaborador de Alemán, renunció a su cargo la semana pasada por estar en desacuerdo, por principios, con la ley aprobada.
La nueva legislación, que tendrá que ser ratificada por el presidente Alemán, pretende dar solución jurídica al conflicto de la propiedad que afecta a miles de ciudadanos nacionales y extranjeros, cuyos bienes fueron confiscados por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La ley beneficiará a más de 100.000 familias que fueron favorecidas con lotes urbanos, parcelas agrícolas y viviendas menores de 100 metros cuadrados, pero para los afectados con las expropiaciones establece el pago de una indemnización y no la devolución de sus bienes, lo que es rechazado por ellos.
