La viceministra de Asuntos Multilaterales de Costa Rica, Adriana Bolaños Argueta, habló este viernes 2 de octubre durante la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocada para analizar la situación política de Nicaragua y las posibles acciones del organismo frente a la decisión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eliminar las elecciones transparentes y legítimas.
Durante la reunión, realizada en Washington con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA, se aprobó un acuerdo para crear un grupo de negociación con Nicaragua. Costa Rica es representada por la viceministra Bolaños debido a que Indiana Trejos, canciller interina tras la destitución de Manuel Tovar el pasado 24 de setiembre, no pudo estar presente.
Bolaños tomó la palabra minutos antes de las 12 mediodía hora de Costa Rica, y fue tajante en condenar la decisión tomada por los copresidentes autoritarios de Nicaragua.
La representante aseguró que el hemisferio occidental no puede limitarse a expresar preocupación, ya que la decisión de eliminar las elecciones no es un hecho aislado, sino que se trata de un proceso sistemático para eliminar el pluralismo político, cerrar el espacio cívico y concentrar el poder.
“Costa Rica condena firmemente esa deriva autoritaria. Una constitución no puede convertirse en un instrumento para decidir quién tiene derecho a participar en la vida política y quién no. El derecho a elegir y ser elegido, la alternancia en el poder y las elecciones libres, auténticas y plurales son elementos esenciales de la democracia representativa. Hoy esas condiciones no existen en Nicaragua”, declaró Bolaños Argueta al principio de su disertación.
En total son 32 los países miembros activos de la OEA. La reunión extraordinaria que inicia este viernes 2 de octubre fue convocada por iniciativa de Estados Unidos con el respaldo de otros países del continente, incluido Costa Rica. La iniciativa obtuvo 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México.
La viceministra Bolaños alertó que Costa Rica es uno de los principales afectados, debido a su condición de vecino de Nicaragua.
“Hemos acogido a decenas de miles de nicaragüenses que han buscado protección y oportunidades en nuestro territorio. Conocemos las consecuencias humanas y migratorias de esta crisis. Conocemos también sus consecuencias para nuestra seguridad”, afirmó Bolaños.
Como parte de esas consecuencias, la jerarca recordó la gravedad de la minería ilegal en la zona norte y su vinculación con el crimen organizado internacional.
“Hemos solicitado que quede mediante una nota al pie en el documento que adoptó esta reunión nuestra especial preocupación por la minería ilegal, su vinculación con la delincuencia organizada transnacional y sus efectos sobre el medio ambiente. Lo que ocurre en Nicaragua no termina en sus fronteras”, aseveró Bolaños.
El acuerdo aprobado por los cancilleres y representantes en la OAE (tras semanas de negociación interna) señala la preocupación de la región ante el “desmantelamiento continuo de la democracia representativa en Nicaragua”, donde la oposición quedó vetada de participar en futuras elecciones.
“Cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente, mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”
— Viceministra Adriana Bolaños Argueta
El objetivo es que el grupo de negociación con Nicaragua reporte nuevamente sus hallazgos a los cancilleres de la OEA en 60 días.
“Esta reunión debe significar algo, no podemos reunirnos, aprobar un texto, y volver dentro de unos meses a constatar que la situación empeoró. La OEA debe mantener una acción sostenida, con objetivos claros y mecanismos de seguimiento.
“Nuestras exigencias deben ser claras: liberar a los presos políticos, restituir plenamente los derechos civiles y políticos incluida la nacionalidad, cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana y crear condiciones reales para elecciones libres, plurales y con observación internacional”, explicó Bolaños.
La representante de Costa Rica expresó su particular preocupación por la persecución de los líderes religiosos en Nicaragua, lo que consideró parte del cierre sistemático de los espacios de libertad.
“Costa Rica cree en el multilateralismo, pero en uno que produzca resultados. Somos un país sin ejército, profundamente democrático y comprometido con el derecho internacional. Por eso, sabemos que cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente, mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, aseveró.
La reunión de consulta (de urgencia) de ministros de Relaciones Exteriores es un mecanismo excepcional de la OEA. La organización no celebraba una cita de este tipo desde 2019, cuando abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
¿Qué puede hacer la OEA y sus estados miembro?
La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.
Pero Estados Unidos y sus aliados quieren que cada miembro de la OEA se posicione públicamente ante el régimen de Ortega y Murillo.
El secretario de Estado Marco Rubio ha ido aplicando desde hace meses una serie de sanciones contra la pareja presidencial, sus familiares y buena parte del gobierno y empresas públicas del país. Rubio pidió hace un mes a sus socios “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esa brutal dictadura”.
Ortega y Murillo endurecieron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.
La Iglesia católica ha sido uno de los objetivos predilectos del gobierno, que ha encarcelado y acosado a obispos y párrocos. Además, gran parte de los dirigentes sandinistas históricos han sido encarcelados o perseguidos.
Managua considera a la oposición como “traidores a la patria”, que además están “al servicio” de Washington.
El Departamento de Estado no solamente critica el balance de derechos humanos, sino la influencia china en Managua, aunque Estados Unidos es el principal socio comercial del país.
Uno de los puntos en litigio que subsiste entre los países miembros de la OEA es precisamente si hay que denunciar en la declaración final la influencia “extranjera” en la región.
La represión política en Nicaragua tiene “repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos, pero no podemos caracterizar esto como una amenaza a la paz y la seguridad”, explicó a la AFP una fuente diplomática cercana a las discusiones en la OEA.
“Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar”, añadió.