Nicaragua es gobernada con mano de hierro por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ortega anunció hace meses que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones. Y a inicios de septiembre, la Asamblea nicaragüense excluyó a la oposición mediante una reforma electoral.
Reunidos en sesión extraordinaria en Washington, los cancilleres y representantes de los 32 países activos de la OEA se declararon este viernes “profundamente preocupados” por “el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua”, según un comunicado final aprobado por consenso.
El objetivo del grupo de negociación que crearon es buscar un “diálogo rápido y directo con las autoridades”. Se dieron 60 días para que entregue sus conclusiones.
Sujeta a sus obligaciones
La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.
Pero los países presentes en Washington recordaron que Managua sigue sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana y de los instrumentos de protección de derechos humanos.
“La denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, expresa el texto.
La última vez que la OEA convocó una “reunión de consulta” (de urgencia) de cancilleres fue a finales de 2019, para debatir medidas contra Venezuela.
Tras la detención por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Managua ha quedado aún más aislada en una región que además ha protagonizado un acusado giro a la derecha.
Washington ha visto una oportunidad histórica para avanzar sus intereses en el actual ciclo político.
“Les estamos vigilando”
“Aprobar esta resolución por consenso demuestra nuestra resolución para decirle a esta dictadura: ‘todos nosotros les estamos vigilando’” declaró el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la reunión de cancilleres.
Washington ha ido aplicando desde hace meses una serie de sanciones contra la pareja presidencial nicaragüense, sus familiares y buena parte del gobierno y empresas públicas del país.
Las decisiones del gobierno centroamericano “tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”, advirtieron los cancilleres.
Brasil y Uruguay objetaron sin embargo este punto, y dejaron constancia de sus reservas en notas a pie de página de la declaración.
Managua considera a la oposición como “traidores a la patria”, que además están “al servicio” de Washington.
“Los nicaragüenses viven bajo una dictadura”, denunció la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá.
“La situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional y no solo un problema interno”, añadió.
Algunos países temen que este tipo de lenguaje pueda servir en el futuro para invitar “al uso de la fuerza militar”, explicó una fuente diplomática que negoció durante días la declaración final.
Otro tema que suscita recelos es la presencia de países como China y Rusia en sectores como la defensa o la minería en Nicaragua.
Estados Unidos pone el acento particularmente en ese aspecto, de acuerdo a la doctrina “Donroe” acuñada por el presidente Donald Trump, que se arroga el derecho a luchar contra la presencia de otras potencias en el hemisferio.
Tras negociaciones, los cancilleres acordaron declararse “profundamente preocupados por el riesgo de la interferencia extranjera en Nicaragua en materia de seguridad, de suministro de tecnología y de intercambio de información”.
