Washington, Estados Unidos. Los 32 miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinan este viernes la creación de un grupo voluntario de países para intentar un diálogo con Nicaragua, aislada políticamente ante la deriva autoritaria de su gobierno.
Los cancilleres o representantes ante la OEA se reúnen a partir de las 11:00 a.m. locales (15:00 GMT) en Washington para aprobar una declaración especial sobre el país centroamericano, tras semanas de negociación interna.
El borrador de la declaración final, consultado por la AFP, señala la preocupación de la región ante el “desmantelamiento continuo de la democracia representativa en Nicaragua”, donde la oposición quedó vetada de participar en futuras elecciones.
El borrador propone establecer “un grupo ministerial voluntario de seguimiento”, que podría reportar de nuevo a los cancilleres de la OEA en 60 días.
Nicaragua es gobernada con mano de hierro por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La última vez que la OEA convocó una “reunión de consulta” (de urgencia) de cancilleres fue a finales de 2019, para debatir medidas contra Venezuela.
Tras la detención por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Managua se ha quedado aún más aislada en una región que además ha protagonizado un acusado giro a la derecha.
Washington ha visto una oportunidad histórica para avanzar sus intereses en el actual ciclo político.
Obligaciones democráticas
La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.
Pero Estados Unidos y sus aliados quieren que cada miembro de la OEA se posicione públicamente ante el régimen de Ortega y Murillo.
El secretario de Estado Marco Rubio ha ido aplicando desde hace meses una serie de sanciones contra la pareja presidencial, sus familiares y buena parte del gobierno y empresas públicas del país.
Rubio pidió hace un mes a sus socios “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esa brutal dictadura”.
Aunque Nicaragua no forme parte de la OEA, está obligada a respetar la Carta Democrática Interamericana de 2001 y los compromisos en materia de derechos humanos, recuerda el borrador de la declaración.
Ese es el criterio que utiliza también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la hora de examinar la situación política y humanitaria en el país centroamericano, al que denuncia regularmente mediante informes.
Ortega y Murillo endurecieron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.
La Iglesia católica ha sido uno de los objetivos predilectos del gobierno, que ha encarcelado y acosado a obispos y párrocos. Además, gran parte de los dirigentes sandinistas históricos han sido encarcelados o perseguidos.
Managua considera a la oposición como “traidores a la patria”, que además están “al servicio” de Washington.
El Departamento de Estado no solamente critica el balance de derechos humanos, sino la influencia china en Managua, aunque Estados Unidos es el principal socio comercial del país.
Ortega estableció relaciones con China en 2021, después de romper con Taiwán, isla que Pekín considera como parte de su territorio.
Uno de los puntos en litigio que subsiste entre los países miembros de la OEA es precisamente si hay que denunciar en la declaración final la influencia “extranjera” en la región.
La represión política en Nicaragua tiene “repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos, pero no podemos caracterizar esto como una amenaza a la paz y la seguridad”, explicó a la AFP una fuente diplomática cercana a las discusiones en la OEA.
“Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar”, añadió.