Escuchar
Bogotá. AFP. La Corte Suprema de Justicia ordenó detener a seis congresistas de la coalición que respalda al presidente Álvaro Uribe con lo que puso en aprietos al mandatario y desató un vendaval político en Colombia.
Dirigentes de oposición reclamaron ayer la renuncia de la canciller María Consuelo Araújo, después de que su hermano Álvaro, también congresista, fue detenido junto a otros cinco legisladores, por presuntos nexos con los grupos de ultraderecha.
Hasta ahora la Corte –responsable de juzgar a los congresistas protegidos por un fuero especial– ha determinado la detención de nueve congresistas, en el marco de un proceso iniciado en noviembre para establecer nexos de políticos con grupos de ultraderecha.
Además de Álvaro Araújo Castro, fueron detenidos Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Mauricio Pimiento. Jorge Luis Caballero no pudo ser arrestado por estar fuera del país.
Todos los detenidos son de la coalición de gobierno, lo que podría afectar su mayoría en el Legislativo, que tiene en sus manos la aprobación de iniciativas como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La Corte también pidió a la Fiscalía que se investigue al padre de la Canciller por su relación con un secuestro realizado por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ministra dijo que se mantendrá en el cargo. “Respeto y acato las decisiones de la justicia”, señaló en una declaración que leyó en la sede de su despacho.
La Corte denunció amenazas de muerte contra uno de sus magistrados, Yesid Ramírez, quien firmó algunas de las órdenes de captura.
El presidente Uribe señaló que las acciones contra los congresistas demuestran que su gobierno fortaleció a las instituciones en la lucha contra los paramilitares.
“La verdad es que el país ha vivido una larga tragedia, y apenas se está dando cabal cuenta, gracias a la seguridad democrática, que ha hecho que los colombianos le pierdan el temor al ocultamiento”, subrayó Uribe.
Los líderes de las AUC permanecen en prisión tras culminar en abril la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios judiciales, como penas máximas de cinco a ocho años para los crímenes que cometieron con financiación del narcotráfico y apoyo de algunos militares.
Fueron los documentos encontrados en un computador de uno de estos jefes paramilitares, los que comprometieron a decenas de políticos de la costa del Caribe con las AUC y con algunas masacres de campesinos.
