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Los Ángeles. AP. Unos 100.000 inmigrantes ilegales disponen de plazo hasta mañana sábado para solicitar la residencia permanente y la correspondiente tarjeta verde conforme a la última amnistía otorgada por el gobierno estadounidense.
La Ley de reforma y control de la inmigración de 1986 brindó la residencia a unos tres millones de indocumentados, pero con una condición: las personas que abandonaron Estados Unidos entre 1982 y 1987, incluso por breve tiempo o un corto viaje, fueron inelegibles.
Los entendidos en inmigración afirman que muchas de las 250.000 personas que vieron rechazadas sus solicitudes se quedaron en Estados Unidos.
Dos demandas consolidadas lograron que fueran anulados esos rechazos y, tras muchas apelaciones gubernamentales, los casos fueron finalmente negociados el año pasado.
A partir de mayo del 2004, esos inmigrantes pudieron solicitar la residencia permanente.
La ventana se cierra. "La ventana sigue abierta, pero será cerrada el sábado", afirmó Chris Bentley, vocero de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Bentley dijo que es imposible saber cuántas personas podrían beneficiarse y se negó a conjeturar cuántas habían solicitado la regularización.
Algunos de los que vieron rechazadas sus solicitudes en la década de 1980 murieron, mientras que otros solicitaron permiso de residencia bajo la Ley de la familia e inmigración legal del 2000.
Esa disposición facilitó la obtención de la residencia por medio de familiares que residen ya legalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, los abogados de inmigración calculan que unas 100.000 personas procedentes de la década de 1980 podrían beneficiarse con la medida.
Para solicitar la amnistía, los inmigrantes ilegales deben presentar pruebas de que han residido en Estados Unidos desde 1982 a 1987, que abandonaron el país en alguna ocasión durante ese plazo y que pidieron la amnistía en algún momento.
La Cámara de Representantes aprobó en diciembre una dura reforma de las leyes de inmigración, que incluye una gran ampliación del muro que separa a EE. UU. de México y que, a juicio de grupos civiles, criminaliza a 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en el país.
