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Guatemala La fiscalía de Guatemala fijó tres días de plazo al sacerdote Mario Orantes, quien se encuentra en Estados Unidos, para que regrese al país y afronte los cargos formulados en su contra por el asesinato del obispo Juan Gerardi, informó ayer una fuente judicial.
De lo contrario, las autoridades plantearían una solicitud de extradición a Estados Unidos, declaró a la prensa el fiscal Leopoldo Zeizzig, encargado de la investigación.
El ultimátum contra Orantes trascendió al mismo tiempo que un equipo de antropólogos exhumó los restos de 50 campesinos, entre ellos dos niños, de una fosa común de la época de la guerra civil.
De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo (de defensa de los derechos humanos), los huesos encontrados después de casi dos meses de excavaciones en cercanías de la iglesia de Zacualpa (a 56 km de la capital) que el ejército utilizó como centro de detención y tortura de supuestos simpatizantes de la guerrilla.
Otro sospechoso
Una orden de arresto contra Orantes --cercano colaborador del asesinado obispo-- fue dictada el viernes anterior, así como contra la excocinera del prelado Margarita López y tres militares, a quienes se tiene como presuntos responsables del homicidio, ocurrido el 26 de abril de 1998.
Los militares, ya detenidos, son el coronel retirado Disrael Lima Estrada, exdirector de Inteligencia Militar, su hijo el capitán Byron Lima Oliva y exespecialista del ejército, y Obdulio Villanueva, exmiembros estos dos últimos, del Estado Mayor Presidencial (EMP).
"De no presentarse en el plazo previsto, iniciaríamos los trámites para pedir a las autoridades estadounidenses la captura y posterior extradición del sacerdote Orantes", aseguró el fiscal.
El defensor de Orantes, el abogado José Toledo, descartó que el sacerdote pueda presentarse a tiempo, dado que se encuentra en tratamiento médico.
Toledo había solicitado a la Jueza que sustituyera la orden de aprehensión por una citación, que permitiera al sacerdote presentarse a los tribunales y evitar ser capturado, como ocurrió el 22 de julio de 1998, cuando fue detenido en un espectacular despliegue de unos 100 policías.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, el fiscal dispondrá a partir del pasado 25 de enero de tres meses para profundizar las investigaciones y determinar si solicita a la jueza llevar a los cuatro detenidos a juicio, en donde debería, en debate oral público.
El presidente Alfonso Portillo ordenó al Ministerio del Interior darle toda la seguridad a la jueza García y a su familia, para evitar que pueda sufrir algún tipo de amenazas.
A lo largo del proceso, cuatro personas entre testigos, jueces y fiscales, se han exiliado debido a las presiones y amenazas de muerte que han recibido.
