El atentado se produjo en un período de tensión en Turquía, donde la Corte Constitucional comenzó a deliberar sobre una posible prohibición del partido en el poder, del cual forma parte Erdogan.
“Por desgracia, el coste de las operaciones militares es grande. El incidente de ayer es un ejemplo”, declaró el líder turco.
Erdogan evitó pronunciar el nombre del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) pues, según él, eso daría propaganda a los rebeldes. El PKK, por su lado, negó relación alguna en los atentados.
Miles de personas, entre ellas Erdogan y varios ministros, asistieron ayer al funeral de diez de las víctimas en una mezquita del barrio donde ocurrió el atentado que Occidente condenó.
Las autoridades y la prensa apuntan al PKK pues, según ellos, este cometió el atentado en represalia a una ofensiva militar del ejército en el sureste turco y el norte de Iraq, donde el PKK tiene bases.
El atentado del domingo se produjo en la víspera de deliberaciones de la Corte Constitucional sobre la posible ilegalización del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que gobierna el país desde el 2002.
La prohibición del partido por actividades contrarias al laicismo, uno de los grandes principios del Estado turco, podría hundir al país en una crisis política y forzar elecciones anticipadas.