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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que impone sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI).
Las sanciones afectan las finanzas personales y los visados de personas vinculadas a los procesos impulsados por la CPI.
Este tribunal emitió en noviembre una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien fue recibido el martes por Trump en la Casa Blanca.
La CPI, con sede en La Haya, también ha señalado al exministro de Defensa israelí y a un líder del grupo islamista palestino Hamás.
Sus jueces consideran que existen “motivos razonables” para sospechar que los tres hombres cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza.
El conflicto se desató tras el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. El movimiento islamista palestino, considerado como grupo “terrorista” por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, gobierna la Franja de Gaza desde 2007.
Netanyahu calificó la decisión de antisemita.
El expresidente estadounidense, Joe Biden, consideró “escandalosas” las órdenes de arresto contra los israelíes.
La CPI también emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
Moscú reaccionó emitiendo sus propias órdenes de arresto contra altos cargos del tribunal.
Estados Unidos, Israel y Rusia no son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Fundada en 2002, cuenta con 124 Estados miembros. Desde su creación, solo ha dictado un puñado de condenas.
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Reacción del Tribunal a sanciones
Este viernes, la CPI condenó la decisión de Trump de sancionarla por sus acciones contra dirigentes israelíes, calificándola de “ataque grave” al orden internacional, y se comprometió a seguir “impartiendo justicia” en el mundo.
“La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial, independiente e imparcial”, declaró el tribunal en un comunicado.
“La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir impartiendo justicia y a dar esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella”, añadió.
