La resolución, emitida la noche del viernes, fue notificada de inmediato al Legislativo, a la que la Corte concedió un plazo de tres días para recibir denuncias contra los magistrados cuestionados y decidir sobre éstas de manera pública “sin demora y sin interrupción”. El plazo vence el lunes por la noche.
“En caso de que el Congreso de la república determine que las denuncias presentadas están fundamentadas, procederá a la sustitución correspondiente”, establece el dictamen del máximo organo constitucional.
Antes de la elección, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encargada de combatir actividades delictivas y el crimen organizado y que dirige el jurista español Carlos Castresana, había tachado a ocho candidatos como “no idóneos” por su vinculación con contratos del Estado, parentesco con funcionarios del partido oficial y antecedentes dudosos.
El miércoles, en una jornada marcada por un ambiente de arreglos políticos en el Legislativo, el pleno votó a favor de seis de los ocho candidatos vetados por la CICIG, lo que originó una avalancha de críticas contra el Congreso por los “oscuros intereses” que predominaron en la elección.
La acción de nulidad de la elección fue promovida ante la corte constitucional por tres abogados en representación de la sociedad civil.
Días antes, Castresana había señalado que entre las listas de candidatos figuraban abogados que actuaron en defensa de narcotraficantes y que otros también estaban vinculados a casos corrupción, adopciones ilegales y blanqueo de dinero.
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