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Brest, Francia
La justicia francesa anunció este jueves la apertura de una investigación preliminar sobre una transacción inmobiliaria en la que está implicado un ministro de Emmanuel Macron , en un caso que pone a prueba la voluntad de ejemplaridad del nuevo gobierno.
El anuncio de la investigación contra Richard Ferrand, ministro de Cohesión del Territorio, coincide con la presentación este jueves de una nueva ley sobre la ética en política, una de las promesas centrales del presidente Macron durante su campaña electoral.
Ferrand, uno de los primeros responsables políticos en unirse a las filas de Macron, se encuentra en el ojo del huracán desde las revelaciones publicadas el 24 de mayo por el semanario satírico Canard Enchaîné.
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Según esa publicación, la pareja de este exdiputado socialista se benefició de la atribución de un contrato de alquiler por parte de una mutual de la que él era entonces director general (entre 1998 y 2012).
También se está investigando un contrato a su hijo que trabajó varios meses como su asistente parlamentario.
La fiscalía de Brest, en el oeste de Francia, había considerado el 26 de mayo que estos hechos no constituían una infracción, pero tras un "análisis de elementos complementarios" decidió pedir a la Policía la apertura de una investigación preliminar.
"Esta investigación tendrá el objetivo de reunir todos los datos que permitan un análisis completo de los hechos y buscar si estos son susceptibles o no de ser una infracción penal", dijo el fiscal Eric Mathais en un comunicado.
Ferrand, quien es candidato a las legislativas del próximo mes, niega categóricamente haber cometido cualquier irregularidad y excluyó dimitir de su cargo. Por el momento, cuenta con el apoyo del presidente y del primer ministro Edouard Philippe.
Sin embargo, este caso llega en el peor momento para el gobierno, en plena elaboración de una ley sobre la ética en política para restaurar la "confianza" de los franceses con sus responsables políticos.
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Tras una campaña presidencial plagada de escándalos judiciales, que salpicaron al conservador François Fillon y a la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, el nuevo presidente de Francia había prometido "moralizar" la política.
El ministro de Justicia, François Bayrou, presentó el jueves en una conferencia de prensa el texto, que sería el primero de la nueva legislatura.
Entre sus anuncios figura una ley para prohibir que ministros y diputados contraten a familiares, así como la creación de un "banco de la democracia" para financiar las campañas electorales y las actividades de los partidos.
Las revelaciones sobre Ferrand surgen también poco antes de las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio, unos comicios cruciales para el joven presidente centrista proeuropeo de 39 años que busca una mayoría clara en el parlamento para poder aplicar sus ambiciosas reformas.
De acuerdo a una encuesta de la firma Opinion Way publicada el jueves, su movimiento, La República en Marcha, creado hace apenas un año, lidera la intención de voto para la primera vuelta con 29%, por delante del partido conservador Los Republicanos (20%) y el ultraderechista Frente Nacional (18%).
Una mayoría de franceses (70%) estima sin embargo que Ferrand debe dimitir debido a las sospechas que pesan contra él, según otra encuesta publicada el miércoles.
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El primer ministro señaló que exigiría la dimisión de Ferrand únicamente si es inculpado por la justicia.
Sin embargo, al gobierno le llovían las críticas sobre la gestión de este caso. La presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, denunció un "enriquecimiento personal" de Ferrand, "muy similar al caso Fillon".
Xavier Bertrand, responsable de Los Republicanos, dijo por su parte que la ley sobre la ética en política de Macron se encuentra "desacreditada" por el caso Ferrand.
Asimismo, criticó la "posición incoherente" de Emmanuel Macron "en relación a sus declaraciones pasadas".
