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Lisboa
"En nuestra casa, la crisis continúa a diario. El país no tiene nada que ofrecernos", denuncia Ana Paula. Muchas familias portuguesas sufren, como ella, los efectos devastadores del desempleo y la austeridad.
La coalición saliente de partidos de derecha, que aspira a un segundo mandato en las elecciones legislativas de este domingo, presume de haber sacado al país del abismo financiero emancipándose de la tutela de la alianza entre la Unión Europea (UE) el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y volviendo al crecimiento. Sin embargo, aun cuando el índice de desempleo se sitúa alrededor del 12%, esto se debe sobre todo a la oleada de portugueses que salió del país de una forma nunca vista desde los años 1960.
"La imagen que el gobierno intenta transmitir es completamente falsa", agrega Ana Paula, una antigua peluquera de 48 años residente en Oporto, en el norte de Portugal. Ella ya estaba en el paro cuando, en 2011, su esposo Belmiro Silva cesó su actividad de agente inmobiliario debido a la crisis de la deuda, que llevó a los bancos a "cerrar el grifo del crédito".
Esta familia, con un hijo de 16 años, vive con un subsidio social que, después de los recortes del 25%, se quedó en 305 euros mensuales, a lo que el matrimonio logra añadir otros cien encadenando las formaciones remuneradas para desempleados.
"Nos desvivimos por llegar a fin de mes, cada euro cuenta", lamenta Belmiro, quien reconoce que intentan mantener las apariencias "para que nadie se dé cuenta" de las privaciones que pasan. Por ello, como eran incapaces de hacer frente a su hipoteca, se vieron obligados a abandonar su apartamento de 100 metros cuadrados por una vivienda social dos veces más pequeña. "Afortunadamente, nunca nos ha faltado comida", se consuela Belmiro.
20% son pobres. Según las últimas estadísticas, casi un portugués de cada cinco vive por debajo del umbral de pobreza. Además, uno de cada diez –es decir alrededor de un millón de personas– sufre "privaciones materiales graves".
La ONG portuguesa Asistencia Médica Internacional (AMI), presente en todo el país, ha ayudado a unas 15.000 personas por año desde 2011, o sea el doble de 2008.
Angelo Monteiro, desempleado desde hace cuatro años, tuvo que pedir ayuda a esta institución, que le proporciona alimentos y material escolar para su hija de 12 años. "Hemos pasado hambre", declara, con los ojos llenos de lágrimas, este excomerciante de pescado congelado de 39 años. También devolvió la llaves de su apartamento en los suburbios de Oporto, y aún así debe miles de euros al banco.
"Es muy duro cuando tienes que explicar a tu hija por qué han cortado la electricidad y el agua, o no le puedes pagar una vacuna contra sus alergias", cuenta. Su esposa acaba de encontrar un empleo de media jornada en un supermercado, pero esto ha supuesto un nuevo recorte de los subsidios sociales y el presupuesto familiar sigue sin llegar a los 500 euros por mes.
En la ciudad de Lagarteiro, en el este de Oporto, la crisis complicó aún más la vida de sus habitantes. "La situación es desesperante", resume Antonio José Pinto, que trabaja como asistente social. El impacto de la recesión y el rigor "continúa agravándose" y "cada vez más gente del barrio acaba en el tráfico de droga o la prostitución", asegura.
"Nos quieren hacer creer que el país va mejor, pero íyo no tengo ni siquiera qué dar de comer a nuestros hijos!", afirma enfurecida Susana Oliveira, mientras abre la puerta del frigorífico, casi vacío.
"Desde que nos han cortado las ayudas sociales no vemos el final del túnel", se queja esta mujer de 41 años, que perdió su empleo de ayudante de cocina hace dos años. "Lo que quiero", dice, "es un trabajo que me permita tener una vida digna".
