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Londres
La Cámara de los Lores británica ignoró al Gobierno y aprobó este miércoles una enmienda a la ley de ruptura con la UE comprometiéndose a mantener los derechos de los europeos en el país tras el brexit.
La enmienda de la oposición laborista fue aprobada por la cámara alta porque los conservadores de la primera ministra Theresa May son minoría, pero ahora se trasladará a la Cámara de los Comunes, donde, salvo sorpresa, será rechazada.
Sin embargo, la revuelta supone la primera advertencia del Parlamento de que no se conformará con un papel de espectador durante la ruptura con la UE.
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La enmienda hace que la aprobación de la ley de ruptura se retrase por lo menos una semana, y, con ello, la activación del Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, el mecanismo para iniciar la salida de la Unión Europea (UE).
La primera oportunidad que tenía May de notificar la salida a sus socios europeos, dentro del límite de marzo que se había impuesto, era la cumbre europea de Bruselas del 9 y el 10 de ese mes, que aparece ahora como demasiado temprana.
May quería supeditar la suerte de los europeos al trato que se dispense a los británicos que viven en Europa, todo ello en el marco de las negociaciones de divorcio con la UE, que pueden durar hasta dos años.
"Lamentamos la decisión de los Lores de enmendar un proyecto de ley que superó sin enmiendas la Cámara de los Comunes", dijo un vocero del ministerio a cargo del brexit.
Sin embargo, "esta gente tiene que saber ahora, no en dos años o en 12 meses" si podrán seguir viviendo y trabajando en el Reino Unido, dijo la laborista Dianne Hayter en el debate.
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La Cámara de los Lores está integrada por miembros no electos, designados por los partidos, por nobles y altos jerarcas de la Iglesia de Inglaterra, y su desafío arreciará probablemente los llamados a reformarla o suprimirla. El diputado conservador Dominic Raab les había recomendado que fueran "inteligentes" y tuvieran "en cuenta (...) su futuro".
Incertidumbre
La suerte de los 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido se está volviendo uno de los asuntos más espinosos del brexit. Aunque son importantes en sectores como la sanidad, la restauración o la agricultura, el Gobierno parece decidido a satisfacer a quienes reclaman la reducción de la inmigración.
"Llevo 17 años aquí, conseguí mi sueño, he trabajado muy duro", explicó a la AFP uno de esos europeos, Joan Pons, un enfermero español que trabaja en un hospital del condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, y quiere seguir viviendo aquí.
"Nunca en esos 17 años había reparado en que no era británico, y ahora me han hecho cobrar conciencia", lamentó Pons, de 41 años, que tiene tres hijos nacidos en el Reino Unido.
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Este enfermero es uno de los miembros más activos del movimiento Los 3 millones, que tiene el lema "no somos monedas de cambio" y reclama mantener su derecho a residencia y trabajo.
En el otro extremo, 900.000 británicos residen permanentemente en la UE, más de un tercio de ellos en España, en su mayoría jubilados afincados en el sur.
En una tentativa de último minuto para frenar la revuelta de los Lores, la ministra de Interior Amber Rudd les dirigió una carta expresando el compromiso de tratar a los ciudadanos europeos "con el máximo respeto".
Al mismo tiempo, Rudd reiteró la posición de May de que hay que vincular el trato a los europeos en el Reino Unido con el que recibirán los británicos afincados en la Unión Europea, la mayoría en España.
