Con la economía de Rusia al borde del colapso, la prensa denunció ayer que las desesperadas y torpes acciones del Gobierno tornan la crisis en política y precipitan una explosión social que puede llevar a una dictadura y acabar con la integridad del país.
Mientras los mineros volvieron a bloquear ferrocarriles para reclamar sus salarios y anunciaban una marcha al Kremlin para exigir la dimisión del presidente Boris Yeltsin, la prensa arremetió contra el Gobierno por el más sonado escándalo de la semana.
Las acusaciones por el fallido ataque del Ejecutivo contra el consorcio de gas Gazprom, la mayor empresa energética del mundo, van desde la "incompetencia" del Gabinete hasta sus tácticas maquiavélicas de someter los intereses del país al "dictado" del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Con su ataque a Gazprom, el Gobierno causó a la economía un perjuicio de $3.000 millones y acabó con su reputación", subtituló el liberal Nezavisimaya Gazeta.
Desesperado por conseguir fondos sea donde sea, el Gabinete amagó con embargar los bienes de Gazprom con el pretexto de que el consorcio, cuyas aportaciones tributarias suman la cuarta parte de toda la recaudación fiscal en el país, no había pagado todos sus impuestos en junio.
De esta forma, el Gobierno echó por tierra su propio acuerdo con Gazprom, al que hasta ahora le permitía abonar solo una parte de la aportación mensual, debido a que la deuda de las empresas y organismos estatales al consorcio por el gas consumido supera lo que la compañía debe al Estado.
Paso en falso
Según la prensa, el Ejecutivo, asfixiado por una deuda de $200.000 millones, aunque al final se echó atrás, procuró demostrar al país y al FMI -al que pide nuevos créditos-, que su reforma fiscal va en serio.
Con la medida logró alimentar el pánico en el mercado, minar aún más la desconfianza de los inversores, hundir a su mayor contribuyente y desacreditarse a sí mismo.
Gazprom perdió $1.000 millones por la caída de sus acciones en un 13 por ciento y además, entre otros golpes, un contrato con la petrolera británico-holandesa Shell que debía aportar al Estado $1.600 millones.
Nezavisamaya Gazeta consideró especialmente peligroso el hecho de que el Gobierno haya provocado una nueva crisis política y comparó la situación en Rusia con Indonesia, donde "los consejos del señor Camdessus llevaron a una revolución social y a la caída del presidente".
Comunistas y liberales rusos advirtieron que los planes del Gobierno de desarticular los monopolios naturales, como estructuras aglutinadoras de importancia vital para el país, pueden acabar con la integridad de Rusia.
El escándalo de Gazprom colmó la paciencia de la Cámara de Diputados, donde la oposición acusó al Gobierno de incompetencia, puso en marcha un proceso de destitución legal del Presidente por haber arruinado el país y aprobó una ley que establece el mecanismo para relevarlo en caso de enfermedad prolongada.
Para Gueorgui Satarov, exasesor político del Kremlin, otro peligro está en que la gravedad de la situación puede llevar a los magnates financieros e industriales a crear un frente común para desbancar a Yeltsin e implantar una dictadura, lo que sería el detonante de la "desintegración de la Federación Rusa".