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Los 24,3 millones de colombianos con derecho a voto tendrán el próximo octubre un fin de semana electoral, al haberse convocado un referendo “contra la corrupción y la politiquería”, un día antes de los comicios regionales.
La fecha para esa consulta fue anunciada la víspera por el presidente, Álvaro Uribe, que optó por realizarla el 25 de octubre, en vísperas de las elecciones en las que serán designados gobernantes y legisladores departamentales y municipales.
El coste de una jornada de votación por separado parece ser el factor que llevó al Gobierno colombiano a convocar el referendo para un día antes de los comicios regionales.
La Organización Electoral calculó el coste de esa consulta en unos $415,43 millones, cuyos gastos se reducirán por efecto de un solo montaje de la infraestructura necesaria para el fin de semana electoral.
Más de 60.000 mesas de votación se instalarán para la doble jornada, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable de organizar los comicios.
Anuncio presidencial
Uribe anunció la convocatoria desde Arauca, ciudad del noreste a la que trasladó su despacho el pasado martes, para un gobierno temporal de tres días.
“Araucanos y compatriotas todos: que el referendo sea un espacio de aumento del afecto por la democracia”, dijo Uribe tras firmar, junto al ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, el decreto que llama al país a esa consulta.
Agregó que la democracia es “el sistema invencible que habrá de vencer el terrorismo y consolidar la convivencia, con permanente debate solidario”.
La convocatoria fue formalizada una semana después de que la Corte Constitucional emitiera el fallo sobre la legalidad de la iniciativa, de origen Ejecutivo y que el Congreso aprobó el pasado diciembre.
El alto tribunal consideró constitucionales 15 de los 19 artículos o apartados de la ley, relacionados todos ellos con reformas políticas y fiscales, entre ellas la congelación por dos años de los gastos de funcionamiento del Estado y la reducción de 268 a 218 en el número de escaños del Legislativo.
La penalización de la dosis personal de drogas, la supresión de las “personerías” o defensorías comunitarias locales y la ampliación en un año del período de mandato de alcaldes y gobernadores, artículos a los que el Gobierno también daba preferencia, fueron eliminados del referendo por la Corte, junto al voto en bloque de la consulta y los enunciados de cada apartado.
El tribunal también se abstuvo de aprobar un apartado mediante el cual el Gobierno pretendía entregar, por una sola vez, escaños en el Legislativo a antiguos miembros de grupos armados ilegales que firmen acuerdos de paz.
Tras acudir a esa jornada, los colombianos concurrirán el domingo 26 de octubre a las urnas para designar alcaldes para los 1.098 municipios del país, gobernadores para los 32 departamentos y varios miles de diputados regionales y concejales municipales.
Todos ellos tendrán un período de gestión de tres años, que comenzará en 2004 y que concluirá en 2006, cuando Colombia deberá designar al sucesor de Uribe, renovar el Congreso y elegir nuevas autoridades y legisladores regionales y locales.
El referendo fue una de las banderas de Uribe en la campaña electoral que le llevó al poder el año pasado. El gobernante le dio tanta preferencia a la iniciativa, que presentó el proyecto de ley al Congreso pocos minutos después de asumir el poder, el 7 de agosto de 2002.
