La muerte en prisión del capo del cartel cocainero de Norte del Valle, Orlando Henao, puso en evidencia el recrudecimiento de una guerra entre organizaciones mafiosas rivales y la inseguridad que prevalece en las cárceles colombianas, admitió ayer el Gobierno.
Henao, de 45 años, fue asesinado la víspera en una balacera en el interior del pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo de Bogotá, en lo que parece ser la continuación de una guerra entre carteles por el control de importantes mercados y rutas para el contrabando de narcóticos.
En la misma balacera resultó herido Juan Manuel Herrera, cuyo hermano Helmer -considerado el cuarto hombre en la jerarquía del cartel cocainero de Cali- fue asesinado el pasado 4 de noviembre en la cárcel de alta seguridad de Palmira (suroeste).
Henao era señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Observatorio Geopolítico de las Drogas de Europa (OGD) como el sucesor del abatido jefe del desarticulado cártel de Medellín, Pablo Escobar, y de los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
Las autoridades investigan si la muerte de Henao se produjo como resultado de un enfrentamiento con Herrera o si otra persona estuvo involucrada.
Henao compartía el pabellón con otros narcotraficantes desde septiembre de 1996, cuando se entregó a las autoridades, y era considerado el jefe de una organización disidente que habría declarado la guerra a los capos de Cali, aunque esta versión fue negada por su abogado.
Tras el asesinato de Henao se realizó un consejo de seguridad en el que la directora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Lucía Tristancho, determinó el traslado de prisión de Manuel Herrera y otro familiar de "Pacho" Herrera.
En octubre de 1996, la revista Semana reveló una conversación entre Miguel Rodríguez Orejuela y "Pacho" Herrera, en la que advertían la peligrosidad de un oponente al que identificaron como "el hombre del Overol", y que resultó ser Henao.
Los crímenes en los pabellones de alta seguridad pusieron al descubierto una vez más las deficiencias del congestionado sistema carcelario colombiano, que en el último año ha registrado numerosos amotinamientos y ha sido blanco de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
La semana pasada también fue asesinado en la cárcel Modelo de Bogotá el principal testigo del crimen del dirigente sindical Jorge Ortega -ocurrido el pasado 20 de octubre- mientras que en la prisión de la localidad de Aguachica (norte) se fugaron 10 presuntos paramilitares.