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Ciudad de Guatemala. (AFP). El proceso contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt , cuya condena por genocidio fue anulada, se mantiene estancado después que este miércoles una segunda terna de jueces se inhibió de conocer un recurso legal, cuya resolución es necesaria para reactivar el juicio.
El martes ya se habían excusado de conocer el recurso tres jueces de la Sala Tercera, por lo que la Corte Suprema de Justicia designó a la Sala Primera de Apelaciones, “pero los magistrados titulares también se inhibieron”, indicó un portavoz de la oficina de comunicación del organismo.
La Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, anuló el lunes la condena de 80 años contra Ríos Montt para que se resuelva primero el recurso de amparo presentado por el abogado de Ríos Montt , Francisco García.
Ahora, tras la decisión de inhibirse de los magistrados de la sala Tercera y Primera, los tres suplentes de ésta última deberán conocer el caso, dos los cuales, Frank Martínez y Ramón González, ya aceptaron, pero se necesita al tercero, según la oficina de prensa la Corte.
“Los magistrados titulares de la Sala Primera de Apelaciones fueron recusados en la parte intermedia (previo al juicio) por los querellantes y a raíz de eso se han inhibido de conocer ese proceso”, dijo a periodistas Martínez.
Los magistrados de la Sala Primera tienen hasta el viernes para emitir resolución sobre el recurso, luego de que la CC amplió por 48 horas el plazo que terminaba este miércoles.
Según la resolución del lunes de la Corte, el juicio se retrotrae al 19 de abril y será el mismo Tribunal Primero A de Mayor Riesgo el que debe continuarlo.
En esa fecha la Sala Tercera de Apelaciones había ordenado suspender el juicio al acoger el recurso de García, pero el Tribunal de Riesgo reanudó el debate el 30 de abril sin tramitar la recusación, por lo que la Corte estimó ahora que no se cumplió el debido proceso.
Ríos Montt, de 86 años de edad, que permanece desde el 13 de mayo en un hospital militar, había sido condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad como responsable de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el Quiché, durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
