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El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó este martes el decreto de necesidad y urgencia 340/2025, que modifica de forma sustancial el ejercicio del derecho a huelga.
El texto, que apareció en el Boletín Oficial, establece que ciertas actividades deberán garantizar entre 50% y 75% de su funcionamiento normal, incluso cuando se encuentren en conflicto.
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La normativa amplía la lista de servicios esenciales, lo que limita la posibilidad de paralización total. Estas actividades ahora incluyen:
- El cuidado infantil y la educación en niveles preescolar, primaria, secundaria y especial.
- El sector aeronáutico comercial y el control de tráfico portuario, incluyendo servicios como balizamiento, dragado, amarre, estiba, remolque y otros relacionados.
- Los servicios aduaneros y migratorios, junto con los vinculados al comercio exterior.
- El transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías, así como las operaciones costa afuera.
- La producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.
Estos se suman a los ya considerados esenciales por la legislación vigente, que también fueron detallados nuevamente con mayor precisión:
- Los servicios sanitarios y hospitalarios, además de la distribución de medicamentos e insumos.
- Los servicios farmacéuticos.
- Las telecomunicaciones, incluido el acceso a internet y la comunicación satelital.
- El control del tráfico aéreo.
- La producción, distribución y comercialización de agua potable y energía eléctrica.
Según el decreto, cuando se trate de servicios esenciales, la prestación mínima exigida no podrá ser inferior al 75% del servicio habitual.
Para actividades de importancia trascendental, la exigencia será del 50%. Estos porcentajes no se podrán negociar ni reducir entre las partes.
Esta modificación forma parte de una serie de medidas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo, en especial en el sector de la marina mercante. El contenido del decreto 340/2025 replica disposiciones contenidas en el capítulo 4 del DNU 70/2023, suspendido por un fallo de segunda instancia y actualmente a la espera de resolución por parte de la Corte Suprema.
“Inconstitucional”
La medida generó un fuerte rechazo eesde el ámbito sindical y jurídico. Varios gremios la calificaron de “inconstitucional”.
El abogado laboralista Matías Cremonte, de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, indicó que la normativa modifica ilegalmente el criterio de la OIT, que solo reconoce como servicios esenciales aquellos cuya interrupción pueda poner en riesgo la vida, salud o seguridad pública.
Por su parte, Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, afirmó que el nuevo decreto representa un intento de reinstaurar restricciones al derecho de huelga ya cuestionadas judicialmente.
Sectores políticos también se manifestaron. La diputada Vanina Biasi, representante de la izquierda, instó a las centrales obreras a convocar un paro general como respuesta.
El secretario de Trabajo de la Nación de Argentina, Julio Cordero, evitó brindar declaraciones sobre la nueva normativa. Mientras tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a señalar que “nada estará fuera de la ley”, sin precisar los alcances reales de la medida.
Otro punto relevante se refiere a la intervención estatal en los sindicatos. El Gobierno dispuso que la Secretaría de Trabajo solo se involucrará en la vida interna de los gremios en casos de acefalía.
La Confederación General del Trabajo denunció al Gobierno de querer limitar el derecho constitucional a la huelga y anticipó que irá a la Justicia para evitarlo. “No vamos a estar en silencio frente a esta grave avanzada”, expresó la central obrera peronista en un comunicado.
Cambios en la paritaria docente
De forma paralela, el Gobierno publicó este martes el decreto 341/2025, que elimina la participación directa del Estado nacional en las negociaciones salariales docentes a nivel federal.
La decisión transfiere el protagonismo de las paritarias al Consejo Federal de Educación argentino, que reúne a los ministros de las 24 jurisdicciones, junto con los sindicatos con representación nacional. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano solo podrá intervenir después de alcanzado el acuerdo y en caso de objeciones presupuestarias.
El Ejecutivo justificó el cambio en la descentralización del sistema educativo, ya que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son consideradas las empleadoras naturales de los docentes.
Según lo estipulado, si la revisión fiscal detecta que el acuerdo no es viable, el Estado podrá rechazarlo y solicitar una nueva propuesta.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
