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Cotabato, Filipinas. Varios millones de filipinos estaban llamados a las urnas este lunes para expresarse sobre la creación de una región autónoma en el sur, en virtud de un acuerdo de paz firmado en el 2014 con los rebeldes musulmanes para cerrar el capítulo de décadas de una insurrección mortífera.
Un grupo de musulmanes tomó las armas en los años 1970 para exigir la autonomía o la independencia en el sur de Filipinas, un archipiélago de gran mayoría católica, en una región que consideran como su tierra ancestral. La insurrección ha dejado 150.000 muertos.
El principal grupo rebelde, el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF), firmó en el 2014 un acuerdo de paz con el gobierno que prevé la concesión de la autonomía a la minoría musulmana en determinadas partes de la gran isla de Mindanao y de las islas del extremo suroeste.
El lunes, 2,8 millones de habitantes estaban llamados a validar o rechazar la creación de la región autónoma de Bangsamoro, que remplazaría a la región autónoma actual, que vio la luz gracias a un acuerdo firmado en 1996 con un grupo rival del MILF, el MNLF, Frente Nacional de Liberación Moro.
La nueva región autónoma debería ser más grande y tener más poderes.
“Estoy harto de la violencia, mi padre fue una víctima”, dijo Jembrah Abas, de 22 años, explicando que su padre, militante pacifista, fue asesinado hace 20 años.
Unos 20.000 policías y militares fueron desplegados ante el temor de que grupos rebeldes rivales intenten perturbar el desarrollo de la votación.
El proceso de paz, que empezó en los años 1990, no incluye a las organizaciones islamistas -como las que juraron lealtad al grupo Estado Islámico (EI)-, todavía muy activas en el sur de Filipinas.
Expectativas
Tanto el gobierno como el MILF esperan que una nueva región autónoma y estable atraiga inversiones en una zona con altos niveles de pobreza y de radicalismo.
La Ley Orgánica Bangsamoro, que define los límites de la nueva región y sobre la que deberán pronunciarse los electores, prevé que la región reciba en los próximos diez años $950 millones (834 millones de euros) en fondos de desarrollo, así como una parte de los impuestos recolectados en la zona.
El gobierno central conservará la competencia sobre la policía en esta región, que incluye también a las islas de Jolo o Basilan. Pero las autoridades locales se implicarán más en las cuestiones de seguridad.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, oriundo de Davao, la gran ciudad de Mindanao -que no quedaría dentro de las fronteras de la región autónoma-, es partidario de la creación de la entidad desde hace tiempo.
La ley prevé también la desmovilización de un tercio de los combatientes del MILF, que serían unos 30.000.
La nueva región englobaría también a la ciudad de Marawi, parte de la cual fue tomada por yihadistas que aseguraban pertenecer al grupo Estado Islámico durante cinco meses en el 2017.
Algunos expertos opinan que la creación de una región en el sur con un cierto grado de autonomía es uno de los intentos más convincentes para traer estabilidad a la zona.
Sin embargo, la corrupción es una de las lacras del archipiélago, y el éxito a largo plazo del proyecto de región autónoma dependerá de que las ayudas prometidas lleguen.
“A corto plazo, muchos grupos y políticos podrían perder con la creación de esta región”, advirtió Gregory Wyatt, de PSA Philippines Consultancy. “Así que hay un verdadero riesgo en términos de seguridad a corto plazo”.
