Madrid. Seis de los nueve dirigentes independentistas encarcelados cerca de Madrid por su participación en el intento de secesión de Cataluña en octubre serán enviados a cárceles de la región, anunció este lunes el Ministerio del Interior español.
“Los seis encausados ingresarán previsiblemente entre el miércoles y el jueves en centros penitenciarios dependientes de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña”, el Gobierno regional, escribió el Ministerio en un comunicado.
Investigados por el Tribunal Supremo, ubicado en Madrid, desde hace meses estaban en prisión preventiva en cárceles cercanas a la capital española, con lo que sus familias debían recorrer más de 1.200 km entre ida y vuelta para visitarlos.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el poder desde hace un mes tras haber ganado una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy, prometió gestos hacia los secesionistas para normalizar las relaciones entre Barcelona y Madrid.
Este anuncio se produce una semana antes del primer encuentro entre Sánchez y el presidente independentista catalán, Quim Torra, que escenificarán en el palacio de la Moncloa la primera reunión oficial entre el dirigente nacional y el regional desde el 2014.
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“Los otros tres investigados en prisión preventiva serán trasladados más adelante” porque lo solicitaron más tarde, señaló el Ministerio, que no precisó sus nombres.
Según la prensa española, entre los primeros presos que serán trasladados están el exvicepresidente regional Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y dos líderes activistas independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Todos están acusados de rebelión y otros delitos por su papel en el intento de secesión de Cataluña, cuyo Parlamento declaró infructuosamente la independencia el 27 de octubre después de la celebración de un referendo ilegal el primer día de ese mes.
Dicha declaración llevó al ejecutivo de Mariano Rajoy a intervenir la autonomía regional y destituir todo el gabinete del presidente catalán, Carles Puigdemont, que, junto a algunos de sus compañeros, abandonó España.
Actualmente, Puigdemont se encuentra en Alemania a la espera de que la Justicia de ese país se pronuncie sobre una petición de extradición del Tribunal Supremo.
Reacciones de inconformidad
Desde Lisboa, Pedro Sánchez aseguró que su gobierno aplicaba la ley penitenciaria y subrayó la necesidad de “trasladar a esos presos a donde residen sus familiares y donde tienen ese arraigo social.
El gesto de Sánchez suscitó las críticas de la oposición conservadora, pero no satisface plenamente a los independentistas, que aseguran que sus dirigentes son “presos políticos” encarcelados por motivos ideológicos y reclaman su liberación.
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“Aquí lo que se trata no es de acercarlos, sino de que estén libres”, alegó el diputado independentista en el Congreso español Joan Tardà, del partido Izquierda Republicana, que participa de la coalición de Gobierno regional.
Y es que a pesar del cambio de tono del nuevo gobierno socialista y una cierta moderación por parte del independentismo, que parece haber dejado aparcada su estrategia de secesión unilateral de España, la distancia entre Sánchez y Torra todavía es notable.
Como Rajoy, Sánchez se opone a la independencia de Cataluña y a la organización de un referendo sobre la cuestión que reclama un segmento importante de los catalanes, según las encuestas.
En cambio, Quim Torra, para algunos incluso con convicciones más radicales que su antecesor Puigdemont, reafirmó en los últimos días que su objetivo seguía siendo la independencia y que debían crearse las condiciones para conseguirla.
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“Tenemos que crear otro 1.° de octubre (...) en el sentido de llegar al objetivo al que algunos, y yo en concreto, queremos llegar, que es la independencia de mi país y hacer efectiva esta república”, declaró hace una semana.
“Lo que representó el 1.° de octubre creo que es una página que hay que dejar atrás”, replicó Sánchez el día después desde Berlín.
El independentismo creció con fuerza en Cataluña a partir del 2010, tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varios artículos de un estatuto que acordaba más autonomía a esta región del noreste de España.
Pero muchos siguen oponiéndose a la secesión: en las últimas elecciones regionales del 21 de diciembre, los independentistas obtuvieron un 47,5% de los votos, pero gracias al reparto electoral se aseguraron una mayoría absoluta en el Parlamento.