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Montevideo. El centroderechista Luis Lacalle Pou asume el domingo como presidente de Uruguay y pondrá fin a 15 años de gobiernos de izquierda que impulsaron sonadas reformas sociales, pero dejan al país ante el desafío de revitalizar la economía y reducir la inseguridad.
Lacalle Pou, de 46 años, llega al poder en su segundo intento tras haber derrotado en noviembre al candidato oficialista Daniel Martínez en el balotaje de las elecciones presidenciales, por 37.000 votos (1,5%).
Para lograrlo, el líder del Partido Nacional (PN, centroderecha) encabezó una "coalición multicolor" de cinco fuerzas políticas, desde el centro hasta una derecha más radical, que logró aglutinar el descontento con las administraciones del Frente Amplio (FA) e instalar la idea de una necesidad de cambio.
En un país dividido en mitades, Lacalle Pou -que devuelve al poder a un PN que no gobernaba desde el mandato de su padre, Luis Alberto Lacalle (1990-1995)- deberá mantener la unidad de la flamante coalición que lo catapultó al sillón presidencial, una alianza formada con vistas electorales y que muchos creen frágil.
Uno de sus principales socios es Cabildo Abierto, un partido de derecha radical liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Rios, que irrumpió en el mapa político apenas enel 2019 y obtuvo el 11% de los votos.
Ese partido ultraconservador, a veces demasiado disonante con el resto de sus aliados, es el actor más “imprevisible” de una sociedad cuyo futuro es incierto, considera el politólogo Daniel Chasquetti, de la Universidad de la República (estatal).
Los tres restantes son el Partido Colorado (PC, liberal), el Partido de la Gente (PG, derecha) y el Partido Independiente (PI, socialdemócrata), aunque estos dos últimos apenas representan al 2% del electorado.
“Todo el sistema político va a tener que rendir examen porque tuvimos 15 años con un partido mayoritario muy fuerte”, agregó el analista, en referencia a los tres gobiernos de izquierda con mayorías parlamentarias.
Legado del Frente Amplio
Mientras varios países de la región experimentaron el derrumbe de sus gobiernos progresistas y en otros masivas protestas sociales generaron cataclismos, en Uruguay las administraciones del FA comandadas por Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-2020) y José Mujica (2010-2015) permanecieron como un reducto de estabilidad.
Entre sus hitos más sonados se cuentan la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo y la lucha contra el tabaquismo. Pero la fuerza de izquierdas también impulsó mejoras de los salarios y jubilaciones, amplió el acceso al sistema de salud, bajó los indicadores de pobreza y surfeó sobre períodos de crecimiento récord del producto interno bruto (PBI), abriendo la puerta del consumo a los sectores más desfavorecidos.
Esos logros quedaron opacados en el último quinquenio por un estancamiento de la economía, un incremento del déficit fiscal (4,9% en 2019, el más alto en 30 años) y un alza del desempleo.
Sumado al desgaste de tres lustros de gestión, otro factor de peso para la derrota fue el aumento de la inseguridad. Los homicidios crecieron 46% en cinco años, pasando de 268 en el 2014 a 391 en el 2019.
Para Chasquetti, la inseguridad es crucial para explicar el fracaso del FA y será, junto con la economía, uno de los dos temas por cuyos resultados se juzgará al nuevo gobierno.
El FA también sufrió un duro mazazo político en el 2017, cuando Raúl Sendic se convirtió en el primer vicepresidente uruguayo en renunciar a su cargo, bajo acusaciones de corrupción. Otrora proyectado como la renovación del liderazgo progresista, Sendic terminó procesado por peculado y abuso de funciones durante su gestión al frente de la empresa petrolera estatal Ancap, ante un partido de gobierno errático a la hora de reprenderlo públicamente.
Primeros retos
Uno de los primeros desafíos de la “coalición multicolor” (con mayoría en el Parlamento) será aprobar la Ley de Urgente Consideración (LUC), un proyecto de 457 artículos desde seguridad y economía hasta educación o salud que ya ha generado controversias.
La alianza trabaja en un anteproyecto de ley de urgente consideración que incluye elevar las penas para varios delitos, como narcotráfico y abuso sexual. También crea una pena con prisión por resistencia al arresto; amplía la acción a militares que desempeñan tareas de seguridad; otorga la legítima defensa para la Policía y brinda el beneficio de repeler a “personas extrañas” al entrar a un establecimiento rural.
“Hay una emergencia. Los números hablan claramente. Lejos de disminuir las rapiñas, como había prometido Vázquez, aumentaron”, manifestó el ministro designado de Defensa, Javier García.
Enfrentar la delincuencia “es lo primero para devolver la paz y tranquilidad”, explicó. Su oficina, indicó, “trabajará coordinadamente con el ministerio del Interior… Gran parte del delito organizado pasa por las fronteras”. Y adelantó que el próximo mes habrá un despliegue militar en las fronteras y mayores atribuciones en la seguridad interna para las Fuerzas Armadas.
El análisis económico del gobierno electo es que el Frente Amplio gastó “mucho”, “mal” y que las finanzas están más “comprometidas de lo esperado”. Para el 2019, el déficit fiscal fue de 4,9%, la inflación de 8,8% y el desempleo de 8,5%.
Sin embargo, más allá de la imagen negativa del gobierno entrante sobre el desempeño de la izquierda, la economía uruguaya crece sostenidamente desde hace 16 años de forma ininterrumpida, aunque en las últimas mediciones el alza ha sido modesta. En el 2018, el PIB creció 1,6% y el Banco Central estima que será de un 0,4% para el 2019.
Durante la campaña electoral, Lacalle prometió ahorrar $900 millones anuales, casi el mismo presupuesto que hubieran gastado dos ministerios de Defensa o $37 millones menos que el total del Ministerio del Interior. También prometió bajar las tarifas de agua, luz, telefonía y combustibles.
Su gobierno plantea crear una “comisión de expertos” para reformar el sistema de seguridad social y una regla fiscal rígida de metodología aún a definir.
Lacalle Pou anunció además que tomará medidas inmediatas para facilitar la inmigración e implementar cambios radicales en política exterior.
Esta aspiración se vio reflejada en las invitaciones cursadas para su investidura, donde quedaron excluidos los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a cuyo mandatario, Nicolás Maduro, calificó de "dictador".
Para la ceremonia confirmaron su presencia el rey Felipe VI de España y los presidentes de Brasil, Colombia, Paraguay y Chile.
El presidente argentino, Alberto Fernández, se excusó de participar alegando que el mismo día inaugura en su país las sesiones ordinarias del Congreso. Acudirá en su lugar el canciller, Felipe Solá.
La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Andrew Wheeler.
También participará el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.
