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Bruselas. Ahora que los términos del divorcio con la Unión Europea (UE) están en parte resueltos, los británicos deberán decidir qué tipo de relación quieren mantener con el continente.
Las tres opciones sobre la mesa son: un acuerdo de tipo noruego, un tratado de libre comercio como el de Canadá o, en caso de que fracasen las negociaciones, una relación regulada por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La opción noruega
Noruega ha rechazado en dos ocasiones adherir a la UE, pero mantiene una relación económica y comercial importante con el bloque. Es miembro, desde 1994, del Espacio Económico Europeo (EEE).
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Para los británicos, esto significaría formar parte del mercado único -por lo que deberían respetar la libertad de circulación de personas, servicios, bienes y capitales-, pero no participarían en la toma de decisiones.
El país escandinavo no participa en cambio en la Unión Aduanera y no depende de la política comercial común de la UE.
De forma general, el comercio noruego se beneficia de su pertenencia al EEE, excepto en lo que concierne a los productos agrícolas y pesqueros, que no hacen parte del acuerdo. Sobre éstos, Oslo firmó textos bilaterales con Bruselas.
Sin embargo, los vínculos de Noruega con la UE van mucho más allá de las relaciones comerciales. Oslo adoptó por ejemplo las reglas comunitarias sobre ayudas estatales, competencia y mercados públicos.
Las autoridades noruegas cooperan también en temas de política extranjera y seguridad común, y el país pertenece desde el año 2000 al espacio de libre circulación europeo Schengen.
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Si los británicos siguen este modelo, podrían preservar sin problema su sector financiero, que es crucial para su economía.
Pero esta opción parece imposible para los defensores del brexit ya que se oponen a la libre circulación de personas. Para los europeos, las cuatro libertades del mercado único son indisociables.
Además, los británicos tendrían que seguir aportando al presupuesto de la UE y estarían sometidos a la Justicia europea, dos puntos a los que se oponen.
Un acuerdo a lo canadiense
En base a las líneas rojas fijadas por Londres –ni mercado único, ni Unión Aduanera–, la UE anunció que el acuerdo de libre comercio concluido con Canadá, el CETA, podría servir de modelo para su futura relación.
Este acuerdo de “nueva generación”, que entró en aplicación parcial en setiembre del 2017, elimina los derechos de aduana y rige gran parte de las relaciones económicas entre las dos partes.
Europeos y canadienses negociaron sector por sector el grado de cooperación que les convenía a ambos.
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Pero este tipo de acuerdo reduciría considerablemente la proximidad de Reino Unido con la UE y generaría un costo económico importante para los británicos.
La negociación sería además muy difícil, ya que habría que decidir sobre qué productos y a qué nivel se imponen los derechos de aduanas.
La reaparición de derechos aduaneros entre británicos y europeos plantea además un problema para Irlanda, miembro de la UE, que no quiere que su frontera con Irlanda del Norte, provincia del Reino Unido, se convierta en una frontera física a causa del brexit.
Las reglas de la OMC
En el caso de que las negociaciones fracasen y tras la salida de Reino Unido del bloque, sus relaciones se basarían únicamente en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Estas implican derechos aduaneros y barreras comerciales que podrían paralizar las relaciones entre Londres y el continente.
Los derechos aduaneros promedio de la UE con países exteriores al bloque se elevan a 1,5%, pero son más altos en algunos sectores estratégicos, por ejemplo el automóvil (10%).
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Bajo las reglas de la OMC, es poco probable que los productos británicos entren a la UE sin un control en la frontera, una situación que empeoraría con el tiempo con los cambios en la reglamentación en ambas partes.
La London School of Economics (LSE) estimó en un estudio que los partidarios del brexit subestiman esta opción, que reduciría en un 40% el comercio de Reino Unido con la UE en 10 años.
