
Bagdad. El presidente de Irak puso el jueves su dimisión sobre la mesa mientras planteaba que se niega a proponer al Parlamento el nombre del candidato del bando proiraní para el puesto de primer ministro, lo cual agrava un poco más la crisis política en el país.
Diciéndose garante de la “integridad” y la “independencia” del país, Barham Saleh -un kurdo proveniente de un partido tradicionalmente cercano al vecino iraní- envió una carta al Parlamento.
El jefe de Estado indicó que estaba “dispuesto a dimitir” ya que, considera, la Constitución lo obliga a proponer al órgano legislativo el candidato de la “mayor coalición” parlamentaria. Ese cargo está en manos del grupo liderado por los paramilitares afectos a Irán.
“El presidente no tiene el derecho constitucional de oponerse (...) así que anuncio aquí que estoy dispuesto a dimitir ante el Parlamento”, afirmo Saleh en la carta.
Desde que el primer ministro Adel Abdel Mahdi dimitió a finales de noviembre, tras haber sido abandonado por el gran ayatolá Ali Sistani, figura tutelar de la política iraquí, los partidarios Irán presionaban para que el ministro dimisionario de Enseñanza Superior lo reemplazara.
Al no ser capaces de imponérselo a Saleh, quien señaló que su designación alimentaría aún más la cólera de las calles, ahora tienen un nuevo aspirante.
Sistani, por su parte, adelantó este jueves que no tratará la situación política en su sermón del viernes. Desde hace tres meses ha preferido mantener distancias con los políticos tras la revuelta inédita en el país cuyo saldo es por ahora de casi 460 muertos y 25.000 heridos, y aseguró que no desempeñara ningún papel en la designación del nuevo primer ministro.
#Basra demonstrators protest against the choice of #Iraq’s new PM
— RT (@RT_com) December 26, 2019
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Se trata de Assaad al Aidani, gobernador de Basora, que ya se distinguió en verano del 2018 al bajar personalmente de su convoy para pelearse con manifestantes en la gran ciudad petrolera y segunda urbe del país.
“No queremos a Assaad el Iraní”, corean los manifestantes en Kut, ciudad del sur, mientras que en la plaza Tahrir de Bagdad inmensos retratos de este antiguo opositor a Sadam Husein, durante un tiempo refugiado en Irán y después detenido varios años en los calabozos del dictador, fueron expuestos tachados con una gran cruz roja.
Contra el sistema político
Los manifestantes rechazan a los políticos que emergen de la actual clase dirigente y piden líderes independientes, de preferencia tecnócratas que no hayan participado en un ningún gobierno desde el 2003, cuando fue derrocado el dictador Sadam Husein tras una ofensiva militar estadounidense.
Desde principios de octubre reclaman en la calle una reforma total del sistema de repartición de los puestos en función de las etnias y las confesiones, y la renovación de la clase política.
"El gobierno es rehén de los partidos corruptos y de las divisiones confesionales. Vamos a seguir protestando", prometió Sattar Yabbar, manifestante de Nasiriya.
“Seguiremos pese a la represión de las autoridades y de los hombres armados de las milicias”, aseguró Ali Jihad, otro joven protestando en esa ciudad, donde los manifestantes volvieron a prender fuego a la sede del gobierno, como ya hicieron hace algunas semanas. En Diwaniya, quemaron el lugar de reunión de una milicia favorable a Irán.

Desde el 1.° de octubre, este movimiento popular ya ha cobrado unos 460 muertos y 25.000 heridos. A partir de diciembre, la violencia en las calles y los disparos contra las manifestaciones se redujo dando paso a una intensa campaña de intimidación.
Varios activistas han sido asesinados, casi siempre por disparo de balas y generalmente en plena calle. Decenas han sido secuestrados, generalmente cuando volvían a casa tras tomar parte en las protestas, en ocasiones incluso dentro de sus propios domicilios.
Esta campaña, denuncia Naciones Unidas, está promovida por “milicias” que quieren acallar una revuelta inédita por su espontaneidad y porque está protagonizada mayoritariamente por jóvenes.
Estos últimos, que suponen el 60 % de la población, exigen representación en unas instituciones gobernadas por autoridades envejecidas cuyos líderes se niegan a dejar paso a las nuevas generaciones.