El acuerdo se publicó el martes en el diario oficial y establece que dicha comisión -que tendrá cuatro años de vigencia- no investigará, sino que dará seguimiento a los casos de corrupción en la administración pública revelados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía.
“La comisión tiene por objeto apoyar mecanismos que busquen evitar que los casos de corrupción detectados se repitan, así como recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados”, puntualizó el texto rubricado por Giammattei.
Eddi Cux, abogado y presidente de Acción Ciudadana, la filial en Guatemala de Transparencia Internacional, recordó que durante las administraciones de los mandatarios Otto Pérez Molina (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2020) también se crearon paneles contra la corrupción que no tuvieron resultados.
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“Las funciones de esta comisión tienen que ser más claras porque se dijo, por parte de Giammattei,que ayudaría a investigar casos de corrupción, pero el Poder Ejecutivo no puede hacer investigaciones porque no son sus atribuciones. Eso le corresponde al Ministerio Público. El Ejecutivo tampoco puede ser un centro de denuncias porque esa tampoco es su función”, explicó.
La comisión la encabezarán Giammattei, los ministros de Gobernación y de Finanzas Públicas, el procurador general de la nación y el secretario general de la Presidencia, entre otros. Podrá aceptar donaciones de organismos internacionales.
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La creación de ese grupo fue una promesa de campaña de Giammattei tras la salida de la Cicig.
El día de su toma de posesión, Giammattei y sus 14 ministros firmaron un convenio de combate a la corrupción con la Fiscalía General, la Contraloría General de Cuentas, la Procuradoría General de la Nación, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos.
La Cicig, dependiente de las Naciones Unidas, dejó de operar en Guatemala el 3 de setiembre del 2019 luego de que el expresidente Morales decidió no renovar su periodo de trabajo. En el 2017 y el 2018 la Cicig había presentado dos solicitudes para que se le retirara la inmunidad a Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito.
Durante su funcionamiento entre el 2007 y el 2019 la Cicig investigó e identificó más de 70 estructuras criminales y presentó más de 120 casos de alto impacto que fueron judicializados. Sus principales investigaciones irán a juicio este año.
Uno de sus casos emblemáticos fue el denominado “La Línea” que reveló una estructura de defraudación aduanera liderada por el expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina renunció en el 2015 al cargo y fue procesado junto a Baldetti y a casi todo su gabinete por corrupción.
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