Lima. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, juramentó el sábado a su gabinete ministerial, integrado por figuras con un perfil independiente y técnico. Este será el equipo que dirija al país tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, por su fallido golpe de Estado. Mientras tanto, en las calles continúan las protestas que exigen nuevas elecciones tras la destitución del exmandatario de izquierda Pedro Castillo, luego de su fallido golpe de Estado.
Un exfiscal anticorrupción y abogado, Pedro Angulo, asumió como jefe del Gabinete conformado por 19 ministros. La embajadora Ana Cecilia Gervasi es la nueva ministra de Relaciones Exteriores, mientras que el cargo de Economía y Finanzas recayó en Alex Contreras, quien hasta ahora fungía como viceministro de Economía.
Como ministro de Defensa se nombró al abogado Luis Alberto Otárola, quien ocupó esa cartera anteriormente, con el presidente Ollanta Humala (2011-2016).
Entre los 19 ministros figuran ocho mujeres, pero aún queda por designar a los responsables de las carteras de Trabajo, y Transportes y Comunicaciones.
Boluarte asumió el miércoles la presidencia del Perú tras la destitución de Castillo, luego de su fallido golpe de Estado del miércoles, cuando fracasó su intento de cerrar el Congreso y gobernar por decretos bajo un régimen de excepción.
Boluarte pasó tres días negociando solo con líderes de las bancadas de partidos de derecha presentes en el Congreso, ante la negativa de la izquierda a sumarse a las conversaciones. La decisión de gobernar hasta el fin del mandato de Castillo, el 28 de julio de 2026, está en el origen de los nuevos problemas de Boluarte.
La primera mujer presidente de Perú juró la presidencia pocas horas después de que Castillo, quien enfrentaba una serie de investigaciones por supuestas prebendas en la repartición de contratos públicos, fuera destituido en una votación del Congreso.
Castillo había tratado de evitar esa votación, la tercera en su contra desde que asumió el cargo hace 18 meses, buscado disolver la Legislatura. Pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas. El miércoles, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político, y el jueves fue puesto en prisión preventiva por siete días. La fiscalía lo acusa de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
Exigen nuevas elecciones
En las vías públicas peruanas, hay marchas de regular magnitud y bloqueos de carreteras en demanda de nuevas elecciones y la liberación de Castillo. La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de peruanos desaprueba al parlamento.
El viernes, Boluarte no descartó llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población.
En el resto del país, los bloqueos de carreteras continúan por tercer día en las zonas surandinas del país donde Castillo, un exmaestro de escuela rural, goza del mayor apoyo. Sin embargo, los manifestantes no han crecido en número.
En las regiones Ica y Arequipa continuaban bloqueados varios tramos de la Panamericana, la principal carretera que atraviesa el país de norte a sur, dejando decenas de buses y camiones de carga varados.
En Lima, miles de manifestantes que intentaron llegar a la sede del Congreso el jueves y viernes fueron duramente reprimidos. La policía utilizó gases lacrimógenos para disolver la movilización que dejó algunos detenidos.
“Dina Boluarte no nos representa porque ella está de usurpadora, no la hemos elegido a ella”, dijo a la AFP María Tolentino, un ama de casa que participaba en las marchas del viernes en Lima.
Los sucesos provocaron que la policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta “nueva orden”.
Por su parte, la fiscalía continuó interrogando este sábado a los exministros de Castillo por el presunto delito de rebelión.
El exjefe de Gabinete de Castillo, Aníbal Vásquez, anunció su “paso a la clandestinidad” por haber sido denunciado también por la fiscalía por el delito de rebelión.
En la base policial donde el expresidente está detenido por orden judicial, decenas de simpatizantes de Castillo realizaban una vigilia y olla común en solidaridad y reclamando su liberación.