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Washington
Manifestaciones, condenas internacionales y políticas: nueve días después de su llegada al poder, Donald Trump se enfrentaba este domingo a una avalancha de críticas tras su decisión de cerrar las fronteras a todos los refugiados y a ciudadanos de siete países musulmanes.
Miles de manifestantes se reunieron ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston (noreste) y en otras ciudades y aeropuertos del país.
El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, en alusión a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.
Trump este domingo en un comunicado que su decreto no se dirige especialmente a los musulmanes. "Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente", expresó. "Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país".
Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Como resultado, 109 personas fueron detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tenían una visa válida. Tras la intervención, el sábado, de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.
Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antiinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
No hará sino "estimular a quienes pretenden perjudicarnos", advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.
En el Partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al mandatario. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.
"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos, quienes advirtieron de que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI) son mayoritariamente musulmanes.
"Los tribunales juzgarán si ( Trump ) ha ido demasiado lejos", comentó este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Batalla legal. Será, en efecto, ante la Justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predijo Anthony Romero, director de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte, la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El Ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días, el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
Rechazo en el exterior. Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. El Gobierno de Teherán señaló el domingo que la medida es un "regalo a los extremistas" y que "afecta a la lucha contra el terrorismo".
Mohamad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que "esta discriminación colectiva ayuda a los terroristas a reclutar ampliando la fractura iniciada por los demagogos extremistas". Especialmente, agregó, en un momento en que "la comunidad internacional necesita diálogo y cooperación para atacar las raíces de la violencia y el extremismo", sobre todo en Oriente Medio.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.
En Europa, el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Ángela Merkel, se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
