El peruano Juan Jiménez, jefe de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (Maccih), creada en el 2016 por la OEA, dijo en rueda de prensa que los compromisos internacionales obligan al Estado a “la derogatoria inmediata” de la reforma a la Ley de Presupuesto de 2018.
Jiménez explicó que el cambio, aprobado por el Congreso el 18 de enero, “pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos”.
La enmienda estipula que mientras se esté realizando una auditoría “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal” del funcionario involucrado.
El Congreso aseguró en un comunicado que “lejos de generar impunidad”, la modificación “promueve la transparencia ya que pide que se investiguen todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales”.
Pero Jiménez sostuvo que la reforma es “extremadamente grave”, “afecta a la labor de la misión” y coincidiría con “una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal”.
La Maccih fue creada en febrero del 2006 a petición del presidente Juan Orlando Hernández para acallar protestas desatadas tras descubrirse un saqueo a los fondos de la seguridad social por unos $330 millones.
Zelaya, exdirector del Seguro Social, así como otros funcionarios están presos por el desfalco.
La Fiscalía descubrió además que parte de los fondos desviados entraron a la campaña que llevó a Hernández a ganar las elecciones en el 2013.
Jiménez recalcó que la reforma obstaculiza también la investigación del caso conocido como “red de diputados”, en la que legisladores fueron señalados de desviar a sus cuentas personales fondos de ayudas asignadas por el gobierno para programas sociales.
La investigación incluye a 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG que quedarían en “impunes” si se mantiene la reforma.
