Caracas. Echando por tierra los augurios de una caída inminente por la fuerte crisis, el presidente venezolano Nicolás Maduro va por la reelección el domingo 20 de mayo. No hubiera sido posible sin los militares.
Según analistas, un vasto poder político y económico, presuntos vínculos con delitos y temor a una cacería de brujas tejen esta red de apoyo, compensada con continuos juramentos de lealtad del alto mando.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asegura defender la soberanía de Venezuela de la injerencia de Estados Unidos que -según dice- busca, con aliados locales, apoderarse de la mayor reserva petrolera del mundo.
Aunque la FANB tenía amplia participación en el gobierno del fallecido teniente coronel Hugo Chávez (1999-2013), ésta creció de 25% a 43,7% con Maduro, según la ONG Control Ciudadano.
De 32 ministros, 14 son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Petróleo, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA, que aporta 96% de los ingresos del país.
LEA MÁS: Venezuela celebrará el 20 de mayo controvertidas elecciones presidenciales
La FANB controla la producción y distribución de alimentos -en grave escasez-, una empresa petrominera propia, una televisora, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora.
Es un “gobierno militar o en todo caso uno en que conviven civiles y militares con preponderancia militar”, dijo a AFP Luis Alberto Buttó, experto en temas castrenses.
Lealtad comprada
Para el analista Benigno Alarcón, al menguar su electorado, Maduro decidió conservar el poder “por la fuerza” y “comprar la lealtad” de quienes se lo garantizan. Ocho de cada diez venezolanos rechazan su gestión, según Datanálisis.
Venezuela tiene 365.315 efectivos, según la privada Red de Seguridad y Defensa de América Latina, y 500.000 milicianos civiles.
El general en retiro Clíver Alcalá, chavista crítico de Maduro, sostiene que Venezuela solo requiere un quinto de sus 1.000 generales.
Desde 2003 fueron detenidos 92 militares acusados de conspiración (34 en 2018), según la ONG Justicia Venezolana. En marzo, Maduro degradó y expulsó a 24 oficiales, la mayoría presos o exiliados.
Unos 10.000 efectivos pidieron la baja desde 2015, estima Control Ciudadano.
Una veintena de militares enfrentan sanciones de Estados Unidos, acusados de corrupción, violar derechos humanos y socavar la democracia, incluidos el jefe del Ejército, Jesús Suárez, y los ministros Néstor Reverol (Interior) y Carlos Osorio (Transporte).
Canadá sancionó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la Unión Europea impuso un embargo de armas.
La FANB respaldó a Maduro durante protestas para sacarlo del poder en 2017 que dejaron 125 muertos y en las que ONG denunciaron una “brutal represión”.
La Fiscalía investiga a decenas de uniformados de rango medio y bajo por esas muertes y otros delitos.
LEA MÁS: Elecciones sin oposición en Venezuela carecen de legitimidad, advierten a Maduro
Detrás del empoderamiento a los militares habría una suerte de “chantaje”, pues los hace vulnerables a juicios, observa Alarcón.
“Es como un barco que se está hundiendo. La gente que más va a cooperar para que no naufrague es la que no sabe nadar”, sostiene.
Parte del problema
Alarcón considera que Maduro involucró hábilmente a la FANB en “cuestiones de difícil solución” como la crisis económica, haciéndola “parte del problema”.
Aunque la FANB se declara “chavista”, algunos oficiales respaldarían a Maduro porque “sienten que su libertad y patrimonio dependen del gobierno”, y que la oposición los perseguiría si llega al poder, según Alarcón.
“No hay mucho apetito para asumir control de una situación tan desastrosa. Y como aparentemente se benefician del status quo, ¿por qué no seguir sosteniendo a Maduro? Les conviene”, comentó Michael Shifter, de Diálogo Interamericano.
Líderes opositores como Julio Borges aseguran que los miedos de la cúpula “trancan” un cambio de gobierno.
“Si no desatamos ese nudo podemos pasar décadas viendo la misma película”, afirmó el expresidente del Parlamento, quien plantea una “justicia transicional” para los oficiales involucrados en delitos.
No solo los militares sustentan a Maduro. El máximo tribunal -que anula todas las decisiones del Parlamento (única institución opositora)-, la Fiscalía y el poder electoral son considerados de línea chavista.
También gobierna con una Asamblea Constituyente de plenos podres y totalmente oficialista, que desplazó al Legislativo.
“Quienes lo rodean harán cualquier cosa para mantener su poder y riqueza. Si pierden el control, correrían el riesgo de ser procesados”, opina Shifter.
Maduro, con una poderosa maquinaria clientelista, ha visto despejado su camino además por una oposición dividida y con varios líderes presos o inhabilitados.