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El expresidente salvadoreño Tony Saca (derecha) conversaba con un abogado -el 9 de agosto del 2018- durante el juicio que enfrentó en San Salvador. (AP)
San Salvador. La Corte Suprema de Justicia confirmó el jueves la condena de 10 años de prisión impuesta al expresidente Elías Antonio Tony Saca y le ordenó que devuelva al Estado $260,7 millones.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema también ratificó las condenas impuestas a tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de Casa Presidencial, que además deberán regresar el dinero robado.
En un hecho histórico, en setiembre del 2018, un tribunal de El Salvador condenó al expresidente Saca a diez años de prisión luego de ser procesado por desviar más de $300 millones de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros.
Saca, quien se convirtió en el primer exmandatario salvadoreño condenado por corrupción, también fue sentenciado a responder civilmente por $260,7 millones de los más de $300 millones que la red de corrupción sacó de los fondos públicos.
Los abogados del expresidente presentaron amparos ante la Cámara Segundo de lo Penal.
La Cámara resolvió entonces que Saca y los otros seis vinculados a la trama de corrupción no debían regresar el dinero por el momento, y ordenó que se siguiera un proceso de recuperación del dinero a través de un juicio civil.
Pero, ahora, la Corte Suprema ratificó la condena que el Tribunal de Sentencia impuso a Saca y los otros seis implicados y además determinó que los imputados deberán cancelar $347.117 adicionales que, por error, no había sido incluidos en la condena de cada uno de ellos.
Según la resolución de la Corte Suprema, Saca tendrá reintegrar $260,7 millones y cumplir los 10 años de prisión; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, cinco años en la cárcel y devolver $8,3 millones; el exsecretario privado Elmer Charlaix, diez años de prisión y regresar $15 millones, mientras que el exsecretario de Juventud César Funes, cinco años de cárcel y entregar $886.697.697.
Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió una pena de tres años por el delito de peculado, y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de sede gubernamental, fue condenado a tres años de prisión por peculado.
Pablo Gómez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, también fue acusado de lavado de dinero y peculado,pero no aceptó declararse culpable ni negoció con la Fiscalía, por lo que decidió someterse al juicio ordinario y recibió una condena de 16 años de prisión.
Rodríguez Arteaga deberá regresar$7 millones, Herrera $3 millones y Gómez $5 millones.
Saca, de 54 años, quien gobernó del 2004 al 2009, fue detenido el 30 de octubre del 2016 y es el tercer exgobernante en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua.
