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Ciudad de Guatemala. Cerca de 8,1 millones de guatemaltecos están llamados el domingo a las urnas para elegir al sucesor del presidente, Jimmy Morales, en medio de una agitación por la firma de un acuerdo con Estados Unidos para dar asilo a migrantes.
La primera magistratura será disputada en un balotaje entre la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei, favorito según una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y la firma CID Gallup.
En Guatemala está prohibida la reelección presidencial.
Morales concluye su mandato de cuatro años en enero con la popularidad por los suelos y con un pedido de la Fiscalía para investigarlo por corrupción.
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La votación se realizará en medio de incertidumbre por las tensiones en torno al acuerdo que convierte a Guatemala en "tercer país seguro", para albergar a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
El acuerdo generó críticas y acciones legales en su contra por considerar que un país en el que casi el 60% de sus habitantes viven en la pobreza y que carece de la infraestructura adecuada no puede albergar migrantes.
El pacto con Washington fue firmado el 26 de julio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Guatemala con imponer impuestos a las remesas y aumentar los aranceles a sus exportaciones.
Un motor fundamental de la economía son las remesas de los migrantes, que el año pasado alcanzaron la marca histórica de casi $9.300 millones. La cifra es cercana a las exportaciones de Guatemala, que suman en promedio $10.500 millones anuales.
Datos oficiales indican que 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal.
Aunque Estados Unidos afirma que el acuerdo convierte a Guatemala en tercer país seguro, autoridades locales rechazan esa tipificación y niegan que vayan a convertir la nación en una gran cárcel estadounidense.
País de emigrantes
La firma provocó malestar en diferentes sectores, con bloqueos de carreteras y la toma de sedes de la estatal Universidad de San Carlos.
Los candidatos Torres y Giammattei han sido parcos en su posiciones sobre el acuerdo.
La exprimera dama considera que el acuerdo debe ser ratificado por el Congreso para entrar en vigor, mientras su rival dice que desconoce el pacto y que lo analizará a fondo si sale elegido.
Los dos candidatos centran sus discursos en atacar la arraigada corrupción, mejorar la educación y la salud, así como invertir en zonas más vulnerables para reducir la pobreza y evitar que guatemaltecos busquen el llamado "sueño americano".
Datos oficiales indican que 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos viven en la pobreza, pese a que el país tuvo en 2018 un crecimiento económico de 3,1%, y el Banco de Guatemala (central) prevé que este año suba a 3,4%.
No obstante, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) revisó a la baja la previsión de 2019, a 2,9%.
Miles de guatemaltecos se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos. Alegan huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y bandas de narcotráfico.
El Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y ha sido fuente de multitudinarias caravanas migratorias a Estados Unidos.
¿Y la corrupción?
La elección también estará marcada por la preocupación de los guatemaltecos sobre el combate a la corrupción, ante la perspectiva de que una misión antimafias de la ONU concluirá sus funciones en setiembre próximo.
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En el 2015, un trabajo conjunto entre la fiscalía local y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, provocó la renuncia y posterior arresto del entonces presidente, Otto Pérez, acusado de encabezar una estructura de evasión fiscal en aduanas.
El presidente Morales decidió frenar el trabajo de la misión luego de que la Cicig y la Fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Los dos aspirantes presidenciales descartan retomar el trabajo de la Cicig, y para combatir la corrupción proponen crear fiscalías especiales con el apoyo de la comunidad internacional.
