Escuchar
Medellín. El gobernador del departamento de Antioquia acusó a los encargados de la hidroeléctrica en construcción más grande de Colombia de ocultar información sobre la emergencia que tiene en riesgo a unas 130.000 personas.
“La información veraz es derecho fundamental de los ciudadanos”, reclamó el mandatario Luis Pérez en una carta dirigida a Empresas Públicas de Medellín (EPM), socio principal del proyecto Hidroituango. “El gobernador necesita la verdad para proteger a la gente que sufre a causa de la obra”.
Pérez hizo mención a un informe realizado por ingenieros militares de Estados Unidos para el gobierno colombiano y que, según él, va en contravía de lo dicho por la empresa a las autoridades.
LEA MÁS: Una ambición hecha agua: emergencia en la mayor hidroeléctrica de Colombia
“EPM perdió la credibilidad informativa sobre la crisis de Hidroituango”, agregó el gobernador, en cuyo departamento se desarrolla el proyecto que pretende suplir una quinta parte de la demanda energética del país.
Los expertos estadounidenses, citados por el mandatario, sostuvieron que “la obra está en el riesgo máximo de un colapso y que los materiales usados en la construcción de la presa no cumplen estándares internacionales”.
Avalancha histórica
“Los norteamericanos dicen que se puede venir un alud de tierra de entre 10 y 40 millones de metros cúbicos y crear la peor avalancha de la historia”, apuntó Pérez.
El gerente de EPM, Jorge Londoño, afirmó, por su parte este martes, que los estadounidenses destacaron que “hasta el momento” la respuesta de EPM ha sido “en el sentido correcto”.
Aunque reconoció que la situación “sigue siendo altamente crítica”. “Va a estar crítica por varios meses, este es un problema que no vamos a poder resolver desde el punto de vista técnico en pocos días ni en pocas semanas”, añadió.
Cuatro municipios de Antioquia están en alerta roja y su población ha sido evacuada de manera preventiva por posibles deslizamientos de tierra y crecientes del río Cauca, el segundo del país y que alimenta a la hidroeléctrica.
Hidroituango entró en emergencia cuando un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del afluente, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debe seguir el cauce.
Luego el único túnel de desagüe se taponó y provocó una creciente súbita.
Entre el 12 de mayo, cuando empezó la emergencia, hasta el 1 de junio fueron evacuadas más de 25.000 personas ante el riesgo de una creciente o el colapso de la presa. Miles de ellas han regresado a sus casas.
Por movimientos de masas, en los últimos días ha habido evacuaciones esporádicas de los operarios de la hidroeléctrica que buscan subir la cota del embalse y finalizar el vertedero.
EPM ha dicho que la emergencia se debe a supuestas fallas geológicas y, en un principio, dijo que estaban bajo control.
Varios factores
Pero la última semana reconoció el riesgo “alto” de un colapso de la presa debido a los caudales del río, movimientos de tierra y la estabilidad de la estructura.
El presidente Juan Manuel Santos afirmó el sábado que los ingenieros estadounidenses y de la ONU “coincidieron en que el riesgo en Hidroituango no ha disminuido” y que va en alza.
LEA MÁS: Mil evacuados por emergencia en la mayor hidroeléctrica de Colombia
Expertos han dicho que la urgencia puede deberse a errores de ingeniería y planeación e incluso una política de menores costos en el diseño.
“La empresa labora sin descanso con sus especialistas, contratistas y panel de expertos nacionales e internacionales en recuperar el control del proyecto”, indicó EPM el lunes en un comunicado.
Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
Camargo Correa está siendo investigada en el marco de la operación anticorrupción “Lava Jato” (lavadero de autos), que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal y político de Brasil, con ramificaciones en decenas de países.
La fiscalía colombiana investiga la contratación y adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.
