Bruselas. Gibraltar, un pequeño enclave británico en el extremo sur de España, se convirtió en el principal escollo en la recta final de la negociación del Brexit, con Madrid amenazando incluso con rechazar el acuerdo de divorcio entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido.

España, que reclama la soberanía de este territorio de Reino Unido desde 1713, lo acusa de ser un paraíso fiscal y de fomentar el contrabando de tabaco, si bien estos últimos puntos fueron solventados para el período de transición posbrexit en una negociación bilateral entre Londres y Madrid.

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¿Qué quiere España?

El 14 de noviembre, Reino Unido y la Comisión Europea, que negocia en nombre de los otros 27 países de la UE, desvelaron el proyecto de acuerdo de divorcio negociado durante 17 meses, que hizo saltar las alarmas en España.

Madrid, que aseguró haber conocido ese mismo día el texto final, expresó su malestar con el documento, porque no garantiza su derecho a veto sobre la futura relación entre la UE y Gibraltar a partir del final del período de transición, como le otorgó el bloque.

En sus orientaciones de abril del 2017, que sirvieron de guía al negociador de la UE, los 27 señalan: “Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido”.

España quiere que ese principio aparezca escrito en los textos negociados para garantizar su validez jurídica, bajo la amenaza de no apoyar al acuerdo el brexit en la cumbre del domingo e incluso de ausentarse.

El gobierno español interpreta además que este principio establece que la futura relación entre la UE y Gibraltar deberá pasar por una negociación separada del resto de Reino Unido y que deberán llevar a cabo Londres y Madrid.

¿Qué responde Reino Unido?

La primera ministra británica, Theresa May, bajo presión del ala euroescéptica de su partido, reitera que Londres quiere “un acuerdo que funcione para toda la familia de Reino Unido, incluida Gibraltar”.

Aunque Madrid decidió aparcar en el proceso del brexit su tradicional reclamo de la soberanía de Gibraltar, May aprovechó el contexto para aumentar la presión en esta cuestión nacional para ambos países y prometió proteger “la soberanía británica de Gibraltar”.

Pero sus declaraciones en la práctica no suponen un rechazo al poder de decisión de España. Además, una portavoz dijo el viernes: “Trabajaremos con el gobierno de Gibraltar y con España en nuestra futura relación”.

¿Cómo lo ve la UE?

El jefe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE indicó a España durante una reunión de los 27 que su petición está garantizada en el texto del divorcio, explicó una fuente del gobierno español, que lo consideró insuficiente.

Aunque no aparece en su articulado, el preámbulo recoge que la UE y Reino Unido “tomaron nota” de las orientaciones del 29 de abril del 2017, donde aparece el derecho de veto a España sobre Gibraltar, para celebrar el acuerdo de divorcio.

¿Qué alternativas se vislumbran o no?

La principal reivindicación de España es modificar el artículo 184 del acuerdo de divorcio, sobre la negociación de la futura relación entre la UE y Reino Unido, algo que el resto de países rechaza, ya que sería como abrir la caja de Pandora a otros reclamos.

Otra solución apuntada por Madrid es que este principio se recoja en la declaración política que traza las grandes líneas de la futura relación que Londres y Reino Unido deberán negociar a partir del 29 de marzo.

Londres y Bruselas ambicionan mantener en el futuro estrechos vínculos sobre la base del libre comercio, una estrecha alienación normativa y una sólida cooperación en materia de seguridad.

De ahí, el interés de Madrid, que considera que el estatuto especial de Gibraltar en la UE le permitió aumentar su renta per cápita y crear un desequilibrio con las localidades españoles cercanas, a poder pronunciarse sobre cómo se aplicará la futura relación al Peñón.

El proyecto de acuerdo de declaración política publicado el jueves no hace, no obstante, ninguna referencia explícita al reclamo de España.

Otra de las opciones sería adjuntar un documento anexo al acuerdo de divorcio o una referencia a ese principio en un documento político publicado tras la cumbre, pero independiente de los acuerdos del brexit.

El secretario de Estado de la UE, Luis Marco Aguiriano, apuntó el viernes a esta última opción, junto a un “compromiso por escrito” de Londres sobre el futuro papel de Madrid.