Lima. La fiscalía de Perú conminó a la presidenta Dina Boluarte a exhibir relojes Rolex en su posesión, en la declaratoria que deberá realizar el próximo viernes, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Se ha citado formalmente a la presidenta de la República, para que exhiba los relojes Rolex y preste la declaración el viernes 5 de abril”, informó el Ministerio Público en un comunicado difundido este domingo en la prensa.
Además, señaló que en las diligencias, realizadas en la madrugada de este sábado en la vivienda particular y en Palacio de Gobierno, no se encontraron los objetos de valor ni la mandataria hizo entrega de los mismos.
Aunque, complementó, “se obtuvieron otros elementos de interés para la investigación”. Medios locales señalaron que se hallaron documentos que podrían tener relación con la adquisición de uno de los relojes.
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La fiscalía realiza una investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito, ya que Boluarte no habría declarado la posesión de estos bienes. Las indagaciones comenzaron el pasado 18 de marzo.
La defensa de la mandataria manifestó el sábado que los policías encontraron unos relojes durante los operativos en Palacio de Gobierno.
El abogado Mateo Castañeta indicó a la prensa que “eran aproximadamente 10, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex”.
La mandataria Boluarte expresó el sábado, en una declaración de prensa, que la acción de la fiscalía “es arbitraria, desproporcional y abusiva”.
Con 61 años y en la presidencia desde diciembre de 2022, Boluarte manifestó que está siendo atacada sistemáticamente y que, por lo tanto, “es un ataque a la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica”.
Los allanamientos del sábado fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del fiscal de la nación.
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En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026, cuando termina su mandato, según lo establecido en la Constitución.
El escándalo, sin embargo, podría derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso, alegando “incapacidad moral”.
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.